Cuando el ambientalismo ideologizado amenaza a la sensatez

Observo con preocupación que, en nuestra región y en el escenario internacional, la causa ambiental ha dejado de ser una disciplina técnica, científica y ponderada para convertirse, con frecuencia, en una trinchera ideológica. En lugar de un debate sereno sobre sostenibilidad y gestión prudente de riesgos, buena parte del ambientalismo dominante ha adoptado los dogmas de la izquierda internacional más radical y populista. Bajo un progresismo moralizante, -y autodeclarado-, se ha consolidado una narrativa fatalista en la que el “cambio climático” y el “calentamiento global”, entre otros conceptos, sirven de pretexto constante para sembrar temor colectivo, señalar culpables y anunciar un colapso planetario. Quien plantea una discrepancia técnica, defiende el crecimiento económico o pide sensatez, suele ser descalificado con etiquetas como “negacionista”, “ignorante”, “insensible”, “fascista” o “cómplice del capitalismo depredador”.

Esta politización desvirtúa la auténtica protección del entorno, desacreditando una discusión que debería ser científica y, sobre todo, sensata. Diversos colectivos, autoridades, organismos y/o partidos ecologistas, particularmente en Europa, promueven agendas de orientación colectivista que cuestionan los cimientos de la sociedad abierta: libre competencia, empresariado, inversión privada, comercio internacional o libertades individuales. Su aspiración final es una “sociedad de bienestar” intervenida donde todos resulten iguales, -pero iguales a la baja-, sacrificando productividad, capacidad de consumo, progreso material y aspiraciones individuales. En esa dirección avanzan instrumentos globales como la “Agenda 2030” y sus futuras versiones que, bajo la premisa de salvar a una naturaleza presentada como víctima del ser humano, pueden terminar restringiendo libertades fundamentales.

El doble discurso que acompaña a estas agendas les resta credibilidad ante la ciudadanía. Sus principales voceros, amplificados desde tribunas multilaterales como la ONU, piden sacrificios severos a la población, cuestionan el transporte aéreo, reclaman colectivizar la movilidad o reducir, de manera drástica, la actividad productiva de los países. Sin embargo, muchos de esos mismos dirigentes llegan a las cumbres climáticas en jets privados o en “business class”, se desplazan en caravanas de vehículos oficiales y se alojan en hoteles de lujo. Los políticos, que posan ante las cámaras montando bicicleta o en transporte público, ofrecen, en todo el mundo, ejemplos elocuentes de incoherencia. Pareciera que, para la cúpula ecologista, las privaciones son una receta destinada al ciudadano común, y no una norma aplicable a sus propios privilegios.

Para las naciones, adoptar estas corrientes, en nombre de la modernidad, puede representar una seria amenaza para su prosperidad. En ese sentido, resulta inquietante que se promueva ahora la figura de los llamados “derechos de la naturaleza”, que otorgaría titularidad jurídica a los ecosistemas frente a los propios Estados. Desde una óptica humanista elemental, la naturaleza debe estar al servicio del ser humano, y sus recursos han de gestionarse de forma responsable y sostenible para mejorar la calidad de vida, la salud y la dignidad de las personas en sus comunidades. Limitar a la humanidad, -único sujeto moral y de derecho del planeta-, para acomodar a la naturaleza es una postura contraria al orden natural y nace de un egocentrismo ideológico que subestima el bienestar colectivo.

Proteger el entorno natural no puede hacerse a costa del empleo, el desarrollo, la vivienda, la salud o la alimentación de la gente. Cuando las autoridades ambientales de un país actúan como un obstáculo insalvable para la industria, la agricultura, la ganadería o la pesca, el dinamismo productivo se resiente. Es de economía política básica saber que las normativas y procesos administrativos o penales ambientales que sancionan y condenan, desproporcionadamente, la actividad económica, destruyen la rentabilidad, la eficiencia y la competitividad, subordinando así el desarrollo económico de la sociedad al medio ambiente. Sería de sentido común que toda institución ambiental fuese aliada de la sociedad facilitando, y no frenando, la inversión responsable, cooperando con los sectores productivos y reservando su potestad sancionadora sólo para daños comprobados y faltas reales, sin presumir culpabilidad en quien crea riqueza.

El efecto de este enfoque se aprecia con claridad en ciertos países del continente, donde este ambientalismo radicalizado ha afectado grandes inversiones y operaciones económicas de enorme tamaño e impacto, con efectos directos en el empleo, el desarrollo regional y los ingresos fiscales. Proyectos de gran escala, que tardaron años en estructurarse y que sostenían miles de familias y cadenas productivas, han quedado detenidos, y con ellos la confianza de quienes deciden dónde invertir. La señal que reciben los mercados es inequívoca: la inseguridad jurídica espanta el capital. Estos casos ilustran el riesgo que corren las economías en desarrollo cuando se autolimitan para “salvar a la naturaleza”. Ante ello, cabe preguntarse: ¿por qué exigir a naciones, que aún necesitan crecer, que renuncien a oportunidades productivas responsables?

Los países en desarrollo no deberían aceptar que un ambientalismo ideologizado les imponga la falsa disyuntiva entre proteger la naturaleza y mejorar la vida de sus habitantes. El camino es un ambientalismo socialmente responsable, que integre rigor científico con desarrollo económico, competitividad y auténtica sensibilidad social. Defender la naturaleza debe contribuir a ampliar la libertad, la productividad y el bienestar de las personas, no servir de fundamento para limitar sus derechos y oportunidades. Se trata, en definitiva, de usar la sensatez para lograr cuidar los recursos que heredamos sin renunciar a las oportunidades que las generaciones actuales y futuras merecen. Ninguna nación debería condenarse al atraso por asumir una tutela ideológica que exija sacrificar su desarrollo en nombre de una protección ambiental desligada de las necesidades humanas.