Impunidad institucionalizada

Fuera del ámbito de su control comercial de los medios locales, gracias al Internet el gobierno del Partido Revolucionario Democrático es reconocido entre los más corruptos del mundo. El encubrimiento del extravío de estatuas bajo las narices del Despacho de la Primera Dama ilustra como institucionaliza la impunidad.

Lo peor es que don Martín Torrijos aún se ufana en que el primer acto de su primer día había sido derogar el reglamento de la Ley de Transparencia, sugiriendo una especie de “crónica de una corrupción anunciada”. Su intención evidente era que los medios no pudieran documentar lo que podría darse en su gestión, pues han pasado 4 años sin que intentara sustituirlo con otro reglamento. Pero el colmo fue que lo derogado ya había sido depurado antes por el Órgano Judicial (hecho que ni Transparencia International entonces destacó). Los frutos de tan mala semilla no se hicieron esperar: el más notorio lo encarna don Benjamín Colamarco.

La falta de transparencia en el MOP se sintetiza en el caso PYCSA Panamá, S.A. Que además documenta cómo el señor ministro, cuando no presiona al Municipio de Colón para que su depauperada Tesorería exonere a Odebrecht de los $1.3 millones a que le obliga la Ley, el sub-secretario general del PRD tampoco gerencia bien nuestra más grande cartera de inversiones públicas no-canaleras.

Y se siente por encima de la Ley. Al propio ministro se le solicitó referencia bibliográfica de 16 documentos que sustentan la estructura de peajes del Corredor Norte. No entregó ni una sola en término. Excedidos los 30 días que consagra la Constitución, se interpuso un Habeas Data en el que la Corte Suprema vio méritos para conceder. O sea, 360 días tras la solicitud inicial a Colamarco, quien sistemáticamente y de manera muy anti-democrática suele sorprender a la ciudadanía con hechos cumplidos y refiere “las cuentas a Bolívar”.

Y, si viola la Constitución en algo que no involucra dinero, ¿qué más podría estar encubriendo en el MOP? El que continúe impune un ministro que no duda en violarla ilustra el escaso respeto que Torrijos II realmente siente por una Constitución legada por Omar Torrijos (QEPD) — y el porqué nuestro pueblo no se siente obligado a cumplir leyes que ni los legisladores que las dictan las acatan. ¿Cabría imaginarse a un don Roberto F. Chiari (QEPD) reteniendo en su gabinete a un funcionario tan omiso? (Pero ciertamente, don Martín no pasará a la historia como “Presidente de la Dignidad”).

Y si entró disminuyendo la Transparencia, de salida es capaz de institucionalizar la impunidad, cambiándonos el elegante “Pro mundi beneficio” al más actualizado “¿Y qué?”. Por no dejar, se interpuso formal denuncia por omisión de deberes contra Colamarco ante la procuradora General de la Nación — aportando dicho Habeas Data como prueba preconstituida. ¿Y qué mejor prueba que un fallo de la propia Corte de que se excedió el término constitucional?

Quienes comemos tres veces al día tenemos la obligación de velar por quienes no comen, y la mejor forma de cumplir es propiciando un Estado de Derecho que funcione como debe... con “cero corrupción”.