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Recientemente se ha venido cuestionado la forma en que instituciones como Transparencia Internacional (TI) miden los niveles de corrupción. Un ejemplo de esta corriente se puede encontrar en el artículo publicado por Yuen Yuen Ang, titulado “Una mala medición de la corrupción libera a los países ricos” (Proyect Syndicate, 22 de marzo de 2024). En ese ensayo el autor demuestra que mediciones como el Índice de Percepción de la Corrupción de TI, resultan sesgados en favor de los países más ricos, dado que el mismo oscurece, utilizando un único y simple puntaje, la existencia de diversas variedades de corrupción, por lo que subestiman la llamada “corrupción de los ricos”.
Este problema resulta aún más profundo en Panamá, debido a que todo un conjunto de variedades de corrupción originadas en los sectores económicamente dominantes es simplemente soterrada de manera sistemática. Esto, evidentemente, solo es posible con la complicidad abierta de los medios de comunicación que poseen y dominan estos sectores.
Es evidente que la forma tradicional de corrupción, basada en coimas y sobornos, es un grave problema tanto ético como económico, cuyo costo puede llegar hasta el 4.0% del PIB. Sin embargo, pocas veces se aclara que en este tipo de corrupción siempre existe una parte gubernamental y otra del sector privado.
Más allá de esto, existe una forma de corrupción que claramente se origina en la empresa privada, cuyo efecto nocivo es altamente significativo. Utilizando cifras de la dirección General de Ingresos, se puede concluir que entre el 2017 y el 2021 el sector corporativo privado evadió impuestos por B/. 35.161.7 millones. Solo el último de estos años la evasión fue de B/. 7,838.6 millones, monto equivalente al 11.6% del PIB.
La evasión de cuotas de la seguridad social por parte de los empresarios responde a la misma variedad de corrupción, con un costo monetario que entre el 2015 y el 2021 alcanzó a B/. 3,035.8 millones de balboas. Se trata de una corrupción que atenta contra varios derechos humanos relacionados con la vida, las pensiones y la protección frente a riesgos profesionales. En el caso de las empresas del sector formal, de acuerdo a la última Encuesta del Mercado Laboral del Inec (agosto de 2023), el número de trabajadores y trabajadoras afectados por la evasión de cuotas se puede establecer en 114,770 personas.
En la variedad de corrupción que Yuen Yuen Ang conoce como la “categoría de acceso al dinero”, se debe destacar que el modelo electoral de Panamá, no solo sirve para financiar selectivamente a la partidocracia con fondos públicos. El mismo, además, permite que, con sobrada libertad, los sectores económicamente dominantes financien las campañas electorales, posicionándose para recibir beneficios económicos a partir del gobierno, a la vez que logran guiar la política económica en su favor. Esto da lugar a la llamada captura regulatoria, también conocida como la puerta giratoria, por medio de la cual los sectores económicamente dominantes logran entregar a personas provenientes del mismo sector las instituciones de regulación, las que terminado su período vuelven hacia el sector corporativo. Se trata en Panamá de un problema bien definido, el cual ha favorecido, entre otras, a las empresas privatizadas.
Es notable en el caso de Panamá una forma corrupta de manejo del sistema judicial, que también tiene que ver con la “categoría de acceso al dinero”. En efecto, sin bien es cierto que este sistema ha procesado y condenado a personas por lavado de dinero, no existe en el país ningún banco o alto funcionario de uno que haya sido encauzado y mucho menos condenado por este delito, pese a que es por medio de estas instituciones que se produce el ilícito.
También es notable que el alto nivel de concentración en los diversos mercados por parte de los sectores económicos dominantes les permite abusar de los consumidores, gracias a la capacidad de obtener rentas monopólicas y oligopólicas, producto de precios que están muy por sobre los que deberían existir en el caso de la existencia de la llamada competencia perfecta. El alto grado de concentración de mercado es evidente en el caso del efectivo monopolio ejercido por las distribuidoras de energía eléctrica, así como en sectores oligopólicos, como los que existen en la importación de medicamentos y alimentos y su comercialización interna, en los servicios hospitalarios privados, en la telefonía celular y en el transporte aéreo, solo por mencionar algunos.
Existe, entonces, toda una trama de corrupción soterrada vinculada con los sectores económicamente dominantes, la cual no se investiga y cuya existencia no se divulga, dando lugar a una flagrante impunidad, la que, entre otras cosas, ha sido notablemente omitida en el discurso de todos los candidatos de partido o seudo – independientes a la presidencia de la República.