• 10/10/2022 00:00

Ley PADE: establece política agroalimentaria de Estado

“El proyecto de Ley 855 o Ley PADE, establece la orientación o lineamientos de la política agroalimentaria del Estado y la declara prioritaria”

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 855, el pasado 5 de octubre de 2022, quedando pendiente la revisión y sanción del Órgano Ejecutivo.

La determinación histórica del presidente Laurentino “Nito” Cortizo Cohen, hombre público y ganadero, al presentar esta iniciativa cargada de modificaciones legales y operativas para la tecnificación de todas las actividades agropecuarias que harán que el agro ocupe el sitial estratégico dentro del sector primario de nuestra “sui-generis” economía, que nos permite, actualmente, ser el país de la región de mayor crecimiento económico e igualmente ser el sexto país más desigual socioeconómicamente del mundo, por estar fundamentada solo en nuestra estrechez geográfica desde el 25 de septiembre de 1513, cuando Vasco Núñez de Balboa, ayudado por dirigentes indígenas de la época, avistó y tomó posesión del océano Pacífico, para el Reino de España, en Punta Rosero, del golfo de San Miguel, frente a La Palma, capital de la provincia de Darién.

El Dr. Belisario Porras Barahona, en su primer período presidencial (1912-1916), por haber hecho su posgrado como abogado en Europa, conoció y apreció la agricultura y los métodos de tecnificación, como la investigación y extensión. Su Gobierno implementó, sin éxito, las colonias agrícolas de extranjeros, especialmente, con 200 familias españolas con 17 años de residir para que aplicarán nuevas tecnologías agropecuarias y producir con más eficiencia. El fracaso obedeció a que solo el 10 % de la población del Istmo sabía leer, el 90 % era analfabeta. El presidente Porras tenía la inquietud de que el país no debía depender solo del Canal Interoceánico, decía: “El país, no quiere despertar a la necesidad de laborar el suelo para crearnos independencia económica, engañado todavía con el espejismo de nuestra posición geográfica”. En 1914 fundó la primera Estación Experimental Agrícola, del país. A orillas del río Matías Hernández, en Juan Díaz, Panamá.

El Dr. Arnulfo Arias Madrid, en su primer período Presidencial en 1941, creó los Patronatos Familiares, en todo el país que consistía en darles 10 hectáreas para la actividad agropecuaria. Creando un Departamento de Extensión Agrícola, para enseñarles nuevas técnicas de producción. El Dr. Arias, estudio medicina en Europa y conoció la extensión e investigación agrícola.

Durante su segundo periodo Presidencial, en diciembre de 1950, su Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industrias y Agricultura, firma con la Universidad de Arkansas, EUA, un Programa Cooperativo para Fomento Agrícola, compuesto por 25 profesores y sus familias que se establecieron en diferentes partes del país y en el INA, a partir de 1952 hasta 1957. Desarrollaron: un Servicio de Divulgación, Servicio de Enseñanza y Servicio de Investigación. Les enseñaban nuevos métodos de producción agropecuaria a los agricultores y las amas de casas de Chiriquí y provincias centrales, utilizando las diferentes agencias agrícolas existentes en el país, además organizaban los clubes 4-S (salud-saber-servicio-sentimiento) para capacitar a los jóvenes campesinos en: hortalizas, crías de aves, frutales y conservación del medio ambiente. En el INA, construyeron galeras para aves, cerdos, vacas de ordeño, laboratorios y para las maquinarias agrícolas que ellos trajeron.

A inicios de la década de 1970, el Gobierno Revolucionario, dirigido por el general Omar Torrijos Herrera, promulgó la Ley 12 de enero de 1972, Orgánica del MIDA, orientada a organizar a los campesinos para labrar la tierra en forma colectiva, para lo cual recibían asistencia técnica y créditos. Los resultados económicos no fueron los esperados. Originando un gran éxodo de familias campesinas e indígenas a las áreas adyacentes a la denominada zona de tránsito, atraídas por el espejismo de la reversión del Canal, basada en los Tratados del Canal Torrijos-Carter, del 7 de septiembre de 1977.

El proyecto de Ley 855 o Ley PADE, establece la orientación o lineamientos de la política agroalimentaria del Estado y la declara prioritaria. Defiende términos y conceptos, como: competividad, productividad, desarrollo rural, empresa agropecuaria, juventud y población rural, población indígena y afrodescendientes, soberanía y seguridad alimentaria, sensibilidad ambiental y la extensión rural.

El capítulo IV de la Educación Agropecuaria, Extensión y Asistencia Técnica, consta de 15 artículos normativos de este importante tema que ha faltado en la gestión ministerial del Mida y otras instituciones del sector público agropecuario, para contribuir con los productores de todos los rubros en ser eficientes y competitivos para producir agroalimentos de calidad y precios accesibles para los consumidores nacionales y exportar los excedentes, utilizando los tantos TLC que tenemos y aprovechar nuestras ventajas comparativas por tener el más grande y moderno Hub Logístico de la región, en función de nuestro Canal interoceánico.

En el Capítulo III

Del Derecho sobre la tierra destinada a la producción agropecuaria. Establece dos artículos que satisfacen lo solicitado por los miles de pequeños y medianos productores que aún no han legalizado la tenencia de sus tierras, lo que les impide obtener créditos para producir con mayor eficiencia y competividad.

El otro artículo transitorio: establece un período de noventa días, a partir de la promulgación de la presente Ley para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el MIDA y la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), para que establezcan los precios mínimos y máximos del valor por hectárea en tierras de producción agrícolas para su titulación.

Sería el suscrito injusto en desconocer la buena voluntad y tesón del Gobierno nacional, presidido por el presidente Laurentino “Nito” Cortizo Cohen, en resolver problemas profundos del sector agropecuario, como la presente Ley y otras, como la recuperación del 100 % del FECI para usarlo en el financiamiento de actividades agropecuarias exclusivamente. A pesar de que a solo ocho meses en función apareció la pandemia del COVID-19 y a partir de febrero del presente año la invasión de Rusia a Ucrania, fenómenos con grandes consecuencias universales.

(*) Veterinario, ex ministro de Desarrollo Agropecuario y legislador de la República.
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