Listas discriminatorias: ¿por qué estamos donde estamos?

Durante el siglo XX, las características del sistema panameño florecieron como ventajas competitivas que facilitaron el posicionar a nuestro país como un gran proveedor de servicios a la comunidad internacional.

Para finales de siglo XX, la creciente lucha internacional contra actividades criminales relacionadas al lavado de dinero y, el mayor interés de los países de alta tributación, por adoptar medidas efectivas para evitar la evasión fiscal de sus contribuyentes comenzaron a generar un movimiento que cuestionaba algunos de los pilares de nuestro sistema (renta territorial / privacidad de la información), al ser considerados como facilitadores tanto de la evasión fiscal como de actividades criminales.

Con la crisis financiera mundial del 2008, se generó un cambio de filosofía en los países industrializados (que necesitaban mejorar sus recaudos) al optar por dejar de promover la competencia fiscal, que erosionaba sus posibilidades de mejorar su recaudo y retrasaba su recuperación económica, y se acogió el concepto de mayor cooperación en materia fiscal.

Fue este cambio de filosofía lo que sentó las bases a los principios de transparencia e intercambio de información que irreversiblemente causaron que algunas de nuestras ventajas competitivas tradicionales pasaran a ser consideradas antivalores. Incluso, para dar más arraigo a esta iniciativa se equiparó la evasión fiscal a los delitos precedentes al lavado de dinero.

Desde entonces, los países industrializados establecieron como un principio de aplicación universal que todos los Gobiernos debían tener acceso directo a: (i) información financiera de las entidades que operan dentro de su país; (ii) información corporativa de las entidades jurídicas incorporadas en ellos; (iii) información contable de toda entidad incorporada en su jurisdicción; e, (iv) información sobre la identidad de los beneficiarios finales (personas naturales controlantes) de las entidades jurídicas existentes en su territorio. Lo anterior, complementado con un robusto sistema de intercambio de esta información entre todos los países, mediante procedimientos administrativos expeditos.

Gran parte de las reformas a leyes y adopción de acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país, a partir del 2011, en materia fiscal y de cooperación internacional han estado encaminados a modificar nuestro marco legal para lograr estos objetivos.

Persuadir al resto de los países a implementar un proyecto tan ambicioso como el que estaban impulsando los países industrializados, que, en casos como el nuestro, implicaba adoptar medidas que generarían un impacto económico adverso, requería de un planteamiento estratégico continuo y sistemático, que debía ser desarrollado en todos los frentes (mediático, técnico, político y económico), y que incluía:

Inculcar en todos los países la bondad de los objetivos promovidos;

-. Atacar sistemáticamente todos los elementos que obstaculizaran el generar mayor transparencia;

-. Supervisar el avance de cada país, mediante cambios en sus leyes, hacia el cumplimiento de los objetivos trazados;

-. Presionar a los países que pusieran resistencia para adoptar los cambios en sus legislaciones internas;

-. Disuadir a los menos proactivos mediante la inclusión en listas discriminatorias; y.

-. Sancionar a aquellos países que no se ajusten a las nuevas reglas impuestas.

Panamá ha experimentado directamente cada uno de los elementos coercitivos, parte de esta estrategia. Sin embargo, la falta de entendimiento integral del plan estratégico internacional y la falta de ejecución de un plan de fortalecimiento sostenido de nuestras ventajas competitivas, han causado que la respuesta del país sea insuficiente para atender las expectativas de la comunidad internacional, por lo que no terminamos de salir de listas discriminatorias y de sufrir las consecuencias económicas adversas que ellas generan (costo reputacional, sobrecostos para hacer negocios en el país, la implementación de disuasivos a la inversión extranjera, sobre costos en transacciones comerciales y financieras, limitaciones de acceso financiamiento, entre otras).

Sin duda, en una economía global ningún país, particularmente con las características del nuestro, puede aislarse de la comunidad internacional. Nuestra prosperidad local depende de nuestra oferta de servicios internacionales. Sobrevivir a esta situación conlleva desarrollar una política país que logre, a corto plazo, adecuar nuestra oferta de servicios a las exigencias internacionales, mitigando el impacto económico adverso que las medidas que se adopten puedan tener en la economía local, mientras que, en paralelo, se implementa una transformación que logre la reinvención de nuestra oferta de servicios que permita mantener su vigencia y continuar siendo una fuente de riquezas para el país. Poco o nada estamos haciendo es esta dirección.

En el proceso hemos cometido muchos errores, como (i) aferrarnos a ciertas ventajeas competitivas que se han convertido en un antivalor; (ii) no generar proactividad en implementar cambios al sistema que se ajusten a las nuevas realidades (sin dejar de velar por los intereses nacionales); (iii) pretender imponer cambios a nuestro sistema sin discutirlos con todos los actores involucrados; y (iv) enfocarnos en la presión inmediata, sin entender que cada una de las exigencias que se nos impone es tan solo un elemento transicional dentro de un objetivo estratégico de mayor amplitud y mayor impacto para nuestro país.

La alternabilidad de nuestros partidos políticos en el Gobierno tampoco ha ayudado mucho a atender los retos que enfrenta el país en este entorno de forma sistemática. Cada 5 años, un nuevo Gobierno, inicia un nuevo proceso. Nuevos personeros comienzan por desechar la experiencia previa y replantean una nueva dirección país. Mientras tanto el tiempo pasa, nos sumergimos en más medidas discriminatorias y las condiciones para salir de las listas se vuelven más onerosas.

Continuar canibalizando nuestro sistema sin una estrategia clara, y sin un proceso de reinvención en paralelo, solo nos va a llevar a continuar perdiendo competitividad hasta que llegue un punto en que el sistema, como un todo, dejará de ser funcional.

La comunidad internacional supervisa, califica y juzga la implementación efectiva de las medidas que ha impuesto como nuevos estándares internacionales. Es decir, ya no se nos mide por adoptar más leyes, sino por la capacidad efectiva del país de cumplir con los objetivos que esas leyes pretenden lograr. Ante esa situación, no requerimos de leyes creando más obligaciones y sanciones, sino de un replanteamiento del sistema que permita el cumplimiento con las obligaciones adquiridas y la modernización de nuestra oferta de servicios.

El mantener la vigencia de nuestra plataforma de servicios internacionales, y por ende la capacidad de atraer a nuestro país dinero del extranjero, depende en gran medida de nuestra capacidad de reaccionar inteligentemente a las nuevas exigencias y cambios en nuestro entorno. Ello requiere sin duda de una visión amplia, participativa, desinteresada y apolítica de todo el talento local con que podamos contar, porque el reto es enorme.

Imperialismo del siglo XXI, pues sí; una imposición, sin duda; una estrategia orquestada para llevarse riqueza a otros países, posiblemente. Pero la realidad, es que nos guste o no, tenemos que reinventar nuestra plataforma de servicios para que mantenga su vigencia ante las nuevas realidades del entorno internacional.