Las peleas por tierras están de moda

Reclamos y pleitos judiciales y extrajudiciales relacionados con la propiedad o posesión de tierras han ocupado últimamente las primeras páginas de la prensa escrita y de noticieros de televisión. Aunque los conflictos sobre tierras no se limitan a personas —Costa Rica y Panamá protagonizamos la Guerra de Coto, y Argentina e Inglaterra libraron cruenta batalla por las islas Malvinas o Falkland— son diversos los intereses personales en juego que cada uno protege.

A unos los mueve su oportunidad de lucrar mediante el desarrollo de negocios propios; a otros los mueven distintos fines sociales, como la defensa de sus medios de subsistencia o un reducido espacio de vivienda; y más allá, otros lo ven como una defensa de los recursos naturales o del patrimonio nacional. Todos son fines legítimos, pero muchas veces chocan entre sí de modo que la sabia justicia estaría en encontrar un término medio que beneficie a todos sin perjudicar a nadie.

La saga de la playa Juan Hombrón, cuyo embrollo aún no logro entender, ilustra el choque de intereses. Comienza con los derechos posesorios de pescadores que, por años, han vivido modestamente de su pesca y utilizado la playa para sus faenas cotidianas. Continúa con un plan para aprovechar la profundidad del mar adyacente y establecer un puerto de alto calado para un negocio vinculado al procesamiento de pescados a escala industrial destinado al mercado internacional. Se complica cuando la perspectiva de un complejo hotelero en las inmediaciones parece requerir el acceso a esta hermosa playa para aumentar el atractivo turístico de esa empresa. Y se embrolla aún más cuando el gobierno decide establecer en esas playas una base naval para sus lanchas patrulleras. Convergen intereses de pescadores artesanales, de navieros industriales, de hoteleros visionarios y de guardacostas oficiales para dar notoriedad a una playa otrora desconocida u olvidada.

Por los lados de Chiriquí afloran otros pleitos. Miembros de una humilde familia reclaman que han sido despojados de tierras heredadas de sus ancestros, gracias al poder e influencia ejercidos por terratenientes de extensas fincas aledañas. Por esas regiones también otra familia reclama haber sido víctima del traspaso fraudulento de una finca de su propiedad, gracias a la corrupta complicidad de algunos funcionarios públicos, dando pie a una querella penal contra el último comprador de esa finca, quien aparentemente confió en las certificaciones oficiales emanadas del Registro Público.

Si por allá llueve, por acá no escampa. Un ejemplo es la reciente protesta de moradores del corregimiento de Alcalde Díaz, que reclaman al ministerio respectivo los títulos de propiedad prometidos luego de más de treinta años de vivir en esa comunidad sin recibir respuesta satisfactoria. Ejemplos así abundan a diario.

Por su lado, la posible venta de los terrenos donde se ubican varios colegios secundarios oficiales en el área de Paitilla ha desatado una ola de protestas estudiantiles y debemos recordar que los desordenes públicos y pérdidas de vidas humanas ocurridos en Colón apenas hace unos meses se debieron a la intención de vender terrenos pertenecientes a la Zona Libre.

Afortunadamente el traspaso del terreno del famoso florista en Paitilla no se llegó a consumar y fue revertido sin violencias que lamentar, aunque sin un epílogo satisfactorio.

Dado el valor de la tierra como recurso natural necesario para la supervivencia del ser humano, no es de extrañar que entre nosotros existan disputas por la titulación y el uso de tierras. Pero todo gobierno debe promover políticas claras que eviten peligrosas disputas y privilegien el uso social de la tierra sin menoscabo de su prudente explotación con fines de lucro.

EX DIPUTADA DE LA REPÚBLICA.