A los ojos y oídos de los Notables

En medio de la suspicacia de algunos y el entusiasmo de otros, el presidente de la República instaló recientemente la Comisión de Notables, juristas panameños que tendrán a su cargo la reforma de la Constitución Política de nuestro país.

Esta tarea, a decir del Ejecutivo, se realizará con las mayores garantías de independencia, participación ciudadana y transparencia, dentro de los tiempos que sean necesarios para cumplir con esta responsabilidad. Asumiendo que ello sea así, parece importante pensar integralmente la Carta Magna, para adecuarla a las necesidades del desarrollo y a los nuevos tiempos que viven la sociedad panameña y el mundo global.

Desde la promulgación de la Constitución vigente, hace alrededor de cuarenta años, con cuatro actos reformatorios, mucho es lo que ha cambiado en el país y en el planeta. La población creció, se diversificó y se ha convertido progresivamente en urbana; se ampliaron y difundieron los derechos y obligaciones de las personas —niñez, juventud, mujeres, indígenas, adultos mayores, migrantes, discapacitados, pobres— y se fortaleció su respeto en la conciencia ciudadana. La ola democrática cubre la mayor parte de las naciones, aún cuando sus operadores, especialmente los políticos de tiempo completo, distan mucho de ganar la confianza de los electores.

La ciencia y la tecnología han revolucionado todas las esferas de la vida de las personas y el conocimiento se renueva en forma geométrica. La comunicación y la libre circulación de capitales financieros funcionan a espacio y tiempo real, tornando a ciudadanos de la ciudad y del campo en receptores y transmisores activos de mensajes cada vez con mayor interactividad.

Así las economías se han transformado y puesto un acento mayor en los intangibles que se derivan principalmente de la innovación y menos de las materias primas y de la inversión física. En este sentido, los talentos y las múltiples inteligencias de las personas se asumen como el capital más importante de la nueva sociedad, en tanto que los factores que lo fomentan, como la educación y la salud, se revisten de renovada importancia. De esta manera, el aprendizaje deviene en un proceso cardinal de la sociedad naciente, estimulado por los hallazgos de la neurociencia y las nuevas teorías educativas.

Lamentablemente el progreso educativo en el país difiere de las tendencias descritas.

La cobertura se amplió, pero la calidad se estancó y la desigualdad en las oportunidades de los aprendizajes significativos se hizo ostensible. La inversión es moderadamente buena, pero los recursos carecen de efectividad en su asignación y de impacto en los procesos fundamentales del aprendizaje en los alumnos. En una buena parte de nuestras escuelas el tiempo se detuvo y el ritual de enseñar y aprender, mediante la trasmisión oral, sigue marcando la condición de debilidad de un porcentaje apreciable del alumnado panameño.

Es por ello que la actual coyuntura reformista de la Constitución tendría que redireccionar la educación como la piedra angular del avance nacional que demanda revitalizarse por todas las vías y con todos los medios.

Claro está que sería ingenuo pensar que reformar el título constitucional de la educación es condición suficiente para su transformación. Pero lo cierto es que sin una clara visión de la educación que el país necesita, en los principios que dimanan de esta ley fundamental, es poner más penumbra en este crítico escenario nacional.

Desde esta perspectiva, son múltiples los temas educativos que demandan una atención urgente y coherente en la revisión constitucional. Un marco de principios estratégicos del sistema educativo nacional, que incluya entre otros: la calidad, pertinencia, equidad, diversidad, responsabilidad y la interculturalidad será conveniente. Algunos temas específicos guardan relación con el financiamiento y la necesidad de elevar a categoría de obligatorio el segundo nivel de educación, o Educación Media, rango que ya posee la Educación Básica General en el país.

Igualmente, parece indispensable la creación de un ente del Estado responsable de la evaluación para la mejora continua de los aprendizajes de los alumnos de los niveles preuniversitarios, poniendo en manos de la Ley la reglamentación de la creación y organización de esta dependencia, así como sus funciones primordiales. La creación, con rango constitucional, de un Consejo Nacional de Educación, como ente superior que integre las más elevadas expresiones del pensamiento científico, tecnológico y educativo nacional, incluyendo el carácter participativo de sus posibles integrantes.

Dada la incidencia que tiene el personal docente como principal factor asociado a los aprendizajes de calidad de los alumnos, es de especial atención su ubicación dentro de este texto para asegurar que la formación de estos profesionales corresponda a las universidades del país, con observancia de los más elevados estándares de calidad y eficiencia de acuerdo con la Ley. También la ocasión es propicia para examinar el ámbito de la educación superior universitaria y no universitaria, cuyos establecimientos y matrículas han tenido un crecimiento y diversificación sin precedentes en las últimas dos décadas, sin que exista un ordenamiento y control riguroso por parte del Estado, mediante una dependencia y una ley que le asegure cohesión, pertinencia y calidad a este sistema, que es de singular importancia para el futuro del país.

Una Constitución debidamente redactada, interpretada y aplicada puede ser una fuerza fundamental que impuse la sociedad hacia nuevos y mejores estadios de justicia, prosperidad y democracia en el siglo XXI. La educación debe tener un espacio en esa obra fundacional de construir el porvenir de la Patria.

Señora y señores Notables, en sus manos pone la Nación esta delicada tarea.

*EX MINISTRO DE EDUCACIÓN.