Pacto del Bicentenario 'Cerrando Brechas': ¿dónde estamos?

El 26 de noviembre del año pasado, en medio de nuestra lucha por el control de la epidemia de COVID-19, el Gobierno panameño llevó a cabo el lanzamiento del Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”, el cual, según se anunció, buscaba y busca alcanzar acuerdos nacionales en materia de salud, seguridad social, educación, economía, seguridad y servicios básicos, para sentar las bases de un mejor Panamá.

Ocho meses después, muchos panameños, angustiados por la persistencia de la epidemia, la recuperación de la economía, la inseguridad ciudadana y otros males que nos agobian a diario, se han olvidado de esta iniciativa; mientras otros, entre los que me incluyo, aunque también estamos fatigados por el contexto antes señalado, nos mantenemos pendientes del avance de este inédito proceso, pues ahora, y cuando superemos la epidemia causada por este virus, debe ser nuestra prioridad erradicar la persistencia de la injusta desigualdad y pobreza que padecen cientos de miles de panameños, producto de lo que la Cepal llama, “restricciones estructurales que socavan la posibilidad de un desarrollo con igualdad y sostenibilidad en nuestra sociedad”.

Antes de seguir avanzando, considero necesario compartir algunos argumentos sobre este asunto de las brechas. Y para comenzar, cito nuevamente a la Cepal, cuando señala que “la desigualdad representa un freno importante para el crecimiento económico de los países de América Latina y el Caribe, y también para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Nuestro país no escapa a esa descripción, pues es sabido que, en medio de macro indicadores de crecimiento económico, también mostramos una clara “amplitud de disparidades y desigualdades socioeconómicas, históricas y profundamente arraigadas, así como la permanencia de patrones arcaicos de distribución de la riqueza y una cultura del privilegio ampliamente extendida, lo que resulta en la presencia de brechas estructurales en diversas áreas”. Estas brechas, como señala también la Cepal, resultan en “cuellos de botella que obstaculizan el desarrollo de nuestro país y constituyen el gran obstáculo al desarrollo sostenido, incluyente y sostenible en el largo plazo”.

Si a ese panorama histórico le sumamos las profundas e inéditas consecuencias socioeconómicas que tiene la epidemia de COVID-19 en el país, se hacen más evidentes y severas las disparidades estructurales. Aquí, y en toda América Latina, “las poblaciones más vulnerables se han enfrentado a crecientes dificultades económicas, a un difícil y desigual acceso a bienes y servicios públicos, y han visto afectados sus ingresos de manera profunda y duradera, con un alza significativa de las tasas de pobreza y pobreza extrema”.

En ese contexto, considero un imperativo cívico que los panameños nos mantengamos al día del avance de este proceso de diálogo nacional y, ejerzamos nuestro derecho de exigir a las autoridades la puesta en práctica de las políticas públicas que la población les entregará a fines de este año, con propuestas, soluciones e ideas innovadoras. Pero conozcamos dónde nos entramos en este proceso, y cómo hemos llegado.

Para comenzar, reconozco y felicito el esfuerzo y compromiso del equipo nacional que ha coordinado el desarrollo exitoso de esta dinámica. Dicho esto, subrayo que este ha sido un proceso inédito, en el cual, de manera altamente democrática, descentralizada y participativa, la población, en su mayoría, de forma independiente, ha identificado problemas y propuesto soluciones. Para facilitar esta participación, se creó la plataforma virtual Ágora (https://www.agora.gob.pa/), y miles de ciudadanos, entre los que me encuentro, aprovechamos nuestro derecho y subimos, sin manipulación alguna, nuestros puntos de vista sobre los que consideramos los principales problemas y soluciones para resolverlos.

Hoy, luego de ocho meses, como cualquier ciudadano, puede verificar que, en la plataforma Ágora, se han recibido más de 180 mil aportes provenientes de todas las provincias y comarcas, sobre los siguientes once temas de importancia nacional, regional y local: agro, agua, ambiente, cultura, deportes, economía, educación, Estado, inclusión, infraestructura y salud. Destacando entre las contribuciones las referidas a los asuntos de infraestructura, salud, educación, agua. Los aportes de la ciudadanía serán redactados en forma de lineamientos de políticas públicas que serán sometidos a una consulta ciudadana a través de Ágora, hasta finales de noviembre de 2021, para ser finalmente entregados al Ejecutivo.

Como señalé antes, ahora nos toca a los ciudadanos ejercer el control social de la gestión del Ejecutivo, aprovechando los espacios democráticos para exigir las transformaciones profundas en la forma de producir, distribuir, consumir y vivir en nuestra sociedad. Los panameños anhelamos ese cambio estructural progresivo que, como nos recuerda nuevamente la Cepal, “por un lado, alcance niveles sostenidos y sostenibles de crecimiento económico basados en la incorporación intensiva de conocimiento e innovación, en aumento de productividad y en la generación de valor agregado y, por el otro, logre una mayor justicia distributiva y el fortalecimiento de nuestros regímenes de bienestar y sus respectivas políticas sociales”.