Panamá en la encrucijada

Desde 2006, la OCDE publica anualmente un informe sobre el cumplimiento por parte de más de 80 países de las exigencias del Acuerdo de intercambio de Información en materia fiscal, a efectos de evaluar los avances, en el ámbito de un foro global especializado denominado el “Global Forum on Transparency and Exchange of Information”. En el 2008 este foro realizó recomendaciones a los países para que adopten estas medidas y las implementen en sus políticas internas.

Al no hacerlo, el G20, que en su mayoría está integrado por países industrializados de alta tributación, instruyó a la OCDE que elaborase una lista de paraísos fiscales para ser presentada en el marco de la Cumbre de Londres de abril de 2009, en virtud de que dichos países no han establecido medidas que regulen los acuerdos de intercambio de información impositiva entre sus autoridades nacionales, para que estos acuerdos sean compatibles con las normas internacionales.

El G20 considera que se tienen que tomar medidas estrictas con los países que no cumplen las normas internacionales sobre el intercambio de información fiscal, porque están permitiendo que sus paraísos fiscales fomenten de forma abusiva, tanto la evasión de impuestos como la elusión de la reglamentación financiera. Este es el problema que enfrenta Panamá.

En ese sentido, en el marco de la Cumbre de septiembre, el G20 se reunirá para examinar a todos los países y analizar el avance de cada uno de ellos mediante el seguimiento y la evaluación individual que está recogiendo la OCDE. Es importante señalar que es la decisión del G20 “aplicar sanciones para aquellos países que no cumplan con este mandato tal y como se establece en el punto 15 de la Declaración”.

No obstante, al mantenerse dentro de los parámetros estipulados en la discusión de Washington, el G20 sigue sin ocuparse de lo relativo a una reglamentación central, como por ejemplo, la protección del consumidor de créditos hogareños. Es más, no se ha manifestado sobre los aspectos de la concepción y la participación en los riesgos del rescate del sistema bancario, que hasta la fecha representa más de la cuarta parte del PBI del G20.

De igual manera, resulta llamativo que para acabar definitivamente con el secreto bancario, como dicen pretender, no se incluya en la lista negra o gris oscura, como está en este momento, a paraísos fiscales tan importantes como los Estados de Delaware o de Wyoming, de EEUU, las Islas del Caribe, también controladas por este último, o las Islas de Jersey y Caimán, territorios dependientes de Gran Bretaña. Sin embargo, se excluyen a países y territorios que estaban en la lista inicial de paraísos fiscales desapareciendo varias jurisdicciones de la nueva lista, tal como los casos concretos de Chipre, Guernsey, Malta y las islas Man. También han salido de listado dos importantes centros offshore que son las Islas Vírgenes, y Mauricio y Seychelle.

Es claro que por un lado, tenemos a los países de alta tributación con necesidades imperiosas de recaudar más impuestos en una época de crisis y por el otro, la existencia de los centros offshore que ahorran impuestos. Los países desarrollados buscan resolver sus problemas obviando su responsabilidad como gestores de la actual crisis financiera. Por otro lado, los países como Panamá que enfrentan una seria amenaza a su economía.

-El autor es ingeniero y analista político.blandonc@cwpanama.net