Política criminológica, retos y elecciones 2024

El pasado 29 de diciembre de 2023, se realizó la primera rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva de la Política Criminológica del Ministerio de Seguridad Pública, creada a partir de la Ley 328 de 10 de octubre de 2022, la cual “Establece la Política Criminológica de la República de Panamá”.

Entre los logros compartidos por la Secretaría fue brindarle charlas y talleres de prevención a más de dos mil quinientos jóvenes en escuelas de San Miguelito y Colón, también trabajando con Meduca y el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá (ICRUP) con programas para evitar la deserción escolar, y lo concerniente a la otorgación de la idoneidad oficial para quienes ejercen la profesión de criminólogo en Panamá.

Adicionalmente, junto al Ministerio de Cultura, se ha establecido un programa denominado el arte como herramienta de transformación social, a fin de fortalecer temas sobre la cultura de paz, prevención, igualdad de género y fortalecimiento de capacidades artísticas, bajo principios de inclusión y discriminación.

Hasta la fecha, no tenemos conocimiento de las propuestas en materia de seguridad que brindaran los diferentes candidatos, y confiamos que tengan presente dentro de sus planes una política de seguridad centrada en algo más que lo reactivo y punitivo, con soluciones temporales, que conduzca a emplear de manera adecuada la Secretaría Ejecutiva de la Política Criminológica, con fines de prevención de conductas delictivas.

Más allá de tener una visión de policías y penalistas, la lucha contra la criminalidad en nuestro país debe concentrarse en los factores que incidan en una mayor prevención y resocialización, no en construir más cárceles copiando modelos foráneos.

Así, en materia preventiva requerimos la implementación de programas educativos, apoyados por Meduca y organizaciones afines, para brindarles herramientas a los jóvenes que les fortalezcan en temas relacionados con bullying, salud mental, suicidios, educación sexual, prevención del delito y antipandillas.

En lo que se refiere a materia resocializadora, es necesario exigirle al Órgano Judicial un mejor trabajo de la ejecución penal, la labor del Juez de Cumplimiento debe ser más eficiente, sus decisiones en el otorgamiento de sustitutivos penales, mientras que Sistema Penitenciario se debe fortalecer con programas enfocados en brindar un adecuado tratamiento a los reclusos en lo que se refiere a materia de salud y educación.

No en vano, en el 2023, se graduaron mil doscientos ochenta privados de libertad tanto en pre-media y media a nivel nacional, incluyendo a más de doscientas veinticinco personas privadas de libertad que estaban cursando estudios superiores en todo el país en la Universidad de Panamá, por lo que consideramos que debe aumentarse esa oferta educativa.

Y a propósito de lo anterior, no puede olvidarse lo previsto en el artículo 7 del Código Penal de Panamá, que se refiere a la función de la pena, que establece lo siguiente:

“La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al sentenciado”.

En conclusión, para nuestra opinión, el Gobierno entrante, en primer lugar, deberá brindar un presupuesto adecuado a fin de atender temas relacionados con la Ley de Política Criminológica del país, pues la reducción de la criminalidad del país no sólo es un tema del Policía y Jueces; es educar a la población en riesgo y el garantizar a los privados de libertad, un trato digno, en materia de educación, salud, entre otros.