Proclama de las mujeres panameñas

Las mujeres trabajadoras, profesionales, sindicalistas, estudiantes y mujeres en general, reunidas en el trigésimo primer Congreso científico nacional del instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, en conmemoración del Primer congreso nacional feminista de 1923, considerando: Primero: Que hace cien años las mujeres panameñas liderizadas por Clara González, en conjunto con Linda Smart de Chubb, entre otras destacadas organizadoras, fundaron el Partido Nacional Feminista y concibieron un programa que entrañaba una profunda transformación social, política y económica favorable no solo a la mujer, sino a todo el país.

Segundo: Que el programa del partido constaba de 20 puntos reivindicativos de los derechos de la mujer para el acceso a la justicia, al trabajo y la autonomía económica de las mujeres; demandas que a cien años no se han logrado en su totalidad.

Tercero: Que el 50% de las panameñas no participa en la economía, no trabaja remuneradamente, ni garantiza el desarrollo de alguna actividad de carácter económico; situación que se exacerba en las áreas rurales e indígenas.

Cuarto: Que las Naciones Unidas revelan que en la última década a nivel global, 9 de cada 10 personas mantienen sesgos y prejuicios contra las mujeres; que la mitad de la población aún considera que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres; y que un alarmante 25% de la población cree que se justifica el maltrato a la mujer.

Quinto: Que el Estado no asume una corresponsabilidad en el trabajo de cuidados de la niñez, las personas adultas mayores y enfermas; recayendo el peso de los cuidados en las mujeres, lo que limita su participación política, gremial, económica, social y educativa en igualdad de oportunidades.

Sexto: Que solo el 38% de las mujeres panameñas cuenta con seguridad social, lo cual no le permitirá tener una pensión que le permita envejecer con dignidad.

Séptimo: Que a pesar de que la mujer tiene mayores años de estudio y preparación académica, esto no se refleja en las posiciones directivas y cargos de jefatura, liderizado por hombres.

Octavo: Que durante este Congreso se ha demostrado científicamente que persiste la desigualdad laboral, salarial, ingresos y, la discriminación contra la mujer.

Proclamamos. Primero: Retomar las demandas inconclusas que se plantearon por el Partido Nacional Feminista en 1923, a saber: 1. Establecimiento de industrias nacionales y de talleres para proporcionar trabajos a la mujer. 2. Vigilancia de las condiciones de Trabajo de la mujer (salario, jornadas, condiciones, higiénicas, descanso dominical). 3. Agencias de colocación de empleo para mujeres. 4. Establecer políticas públicas con enfoque de género. 5. Que se establezcan en cada corregimiento equipos de apoyo a la mujer conformado por profesionales de la abogacía, enfermería y trabajo social que capaciten y contribuyan a bajar los niveles de la violencia contra la mujer. 6. Que cada corregimiento tenga centros que le permita a los niños y jóvenes llevar a cabo formación cultural, que complemente la recibida en los Centros Educativos (Que estas sean de folclore, deportiva, teatro, música, entre muchas otras.)

Segundo: Exigir que el Estado implemente la instalación de centros de orientación infantil, tantos como sean necesarios en todos los corregimientos, en los centros comerciales, en las empresas e instituciones, donde las madres puedan dejar a sus hijas e hijos con seguridad y que tengan horarios que les permitan participar en reuniones escolares, sindicales y laborales.

Tercero: Garantizar la igualdad de género, en todas las instancias de la sociedad (a nivel laboral) en las instituciones tanto públicas como privadas, en las instancias.

Cuarto: Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en el país.

Quinto: Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados.

Sexto: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

Séptimo: Diseñar políticas específicas para la mujer campesina e indígena, se le garantice el suministro de semilla e insumos para la producción de la tierra y el acceso al crédito agropecuario.

Octavo: Demandar el cumplimiento del Convenio 189 sobre el trabajo decente, para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, ratificado por Panamá en el 2015.

Noveno: Exigir políticas de empleo para mujeres sin distingo de edades y que las mismas tengan salarios justos en condiciones dignas.

Décimo: Ejecutar la política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres que permita incorporar a las mujeres en la elaboración de planes de desarrollo nacional y tener la garantía que contemplen la perspectiva de género; para el pleno desarrollo y aprovechamiento del potencial y capacidades de las mujeres en la toma decisiones.