Sobre el proyecto de ley de extinción de dominio

La Asamblea Nacional cierra su período de sesiones sin aprobar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio y de inmediato salen los opinólogos y los entes cívicos a rasgarse las vestiduras de la vergüenza que causa que nuestros diputados sigan protegiendo a los corruptos, a los narcotraficantes y a los criminales, al no adoptar una ley que permita quitarles sus activos provenientes del delito. Nuevamente la superficialidad y la ignorancia afloran en el debate panameño.

Nadie pregunta por qué la mayoría de las sentencias penales no declaran el decomiso de los bienes producto del delito, si el Código Penal establece en su artículo 75, como pena accesoria, el comiso de los bienes que provienen de la comisión de un delito.

Nadie se pregunta por qué el Ministerio Público ha renunciado de facto al deber de investigar y perseguir estos bienes y dineros, salvo aquellos que encuentran en la escena del crimen.

Nadie analiza la injustificable burocracia creada por el Ministerio Público en la implementación del Sistema Penal Acusatorio, con cientos de fiscales, de atención primaria, de investigación, de juicio y fiscales superiores en cada segmento.

Nadie pregunta por qué el Ministerio Público no ha propuesto el restablecimiento de una entidad de investigación criminal y forense ante el monumental fracaso de la fusión de la antigua PTJ y la Policía Nacional, hecho que incluso ha sido advertido por los gobernantes que han colocado esta iniciativa entre sus planes de gobierno.

Nadie pregunta por qué carros, propiedades, yates y aviones aprehendidos en el curso de investigaciones se pudren a la vista de todos, cuando el artículo 31-B de la Ley 23 de 1986 permite que, tratándose de bienes que pueden dañarse o deteriorarse o que su custodia resulte onerosa, el Estado pueda venderlos y mantener esos recursos en custodia hasta el fin del proceso.

Nadie pregunta el tamaño de la burocracia y el costo que va a generar la nueva jurisdicción de extinción de dominio, cuando el Ministerio Público está obligado a perseguir también el producto material del crimen.

A nadie le preocupa que en un Estado en donde la corrupción y los intereses han infectado las instituciones de justicia, en donde el ente que debe velar por la transparencia y el acceso a la información multa a un medio por exponer la imagen de un alto “y muy influyente” funcionario en una investigación, exista un ente, cuyos integrantes no serán designados por su capacidad, integridad o independencia, sino por sus relaciones políticas.

Nadie pregunta por qué ni la Corte Suprema de Justicia ni el Ministerio Público han promovido algún proyecto de ley para enfrentar los problemas de la justicia penal, especialmente en la implementación del SPA.

Ya es hora de dejar la superficialidad en el debate y que los actores pongan de lado sus agendas personales para encontrar verdaderas soluciones a tantos problemas que nos aquejan.