La razón política y constitucional asiste al Pueblo Ngäbe-Buglé

Desde la invasión a los sucesivos gobiernos de democracia restringida y a la dictadura civil de hoy, se les olvida que tanto funcionarios por nombramiento como por elección popular están obligados a hacer lo que la Ley dice, que se dejen de inventos. Todos los argumentos de los representantes del gobierno por imponer las hidroeléctricas en la Comarca y tierras anexas carecen de legitimidad y legalidad, en vista de que las concesiones las han entregado a entes privados y a propósito señala la Constitución actual de la República en su artículo 127 que: ‘El Estado garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. La ley regulará los procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de tierras’.

En consecuencia, si un cacique regional firmó a una empresa privada o si en una negociación no se logra el 100% de lo que se negocia, que si se oponen al ‘progreso’, son argumentos fuera de lugar. De lo que se trata es de que el gobierno tiene que acatar la Constitución y las leyes, no seguir manipulándolas con triquiñuelas como hasta ahora y ahí tenemos una empresa del gobierno de Corea del Sur en las minas de Donoso, o la resucitación estilo Lázaro de la Sala V de manera retroactiva, y más que podríamos señalar, pero que no es el espacio ahora.

Se trata de que ni minas, ni hidroeléctricas en manos privadas se pueden construir ni explotar en la Comarca y tierras anexas, se trata de que el pueblo Ngäbe decida sobre si quiere minas o hidroeléctricas en sus tierras, como contundentemente lo han hecho RECHAZÁNDOLAS y que si, en todo caso, decidieran aceptar alguna concesión, tendría que ser con una empresa del Estado; o sea, pública no privada ni mixta y, en consecuencia, sus beneficios se tendrían que invertir en el desarrollo de la Comarca y tierras anexas en electrificación, comunicación, carreteras, centros de salud debidamente equipados, con insumos y personal permanente, escuelas e institutos de enseñanza primaria y media.

Dicho esto, todas las concesiones dadas que no han iniciado ningún trabajo y aquellas que han empezado obras, pero vía y en manos de la empresa privada se deben cancelar sin discusión alguna, cumpliendo simple y llanamente la Ley.

El dilema es, se cumple o no con la Constitución y las leyes por parte del gobierno o se sigue con la ilegal e ilegítima anarquía, improvisación e impunidad jurídica con que se viene gestionando la cosa pública en nuestro país. Al Pueblo Ngäbe lo asiste la razón de la Constitución y la Ley, no es él el intransigente que viola la Ley.

*ASESOR DE SEGUROS.