La seguridad en perspectiva

“La seguridad ciudadana” es una frase permanente que domina una gran parte del debate político nacional. Cuando un observador reflexiona sobre el significado de “ser ciudadano” en Panamá, se destaca la imagen de una predominante inseguridad. El sentido de vulnerabilidad que hay entre los ciudadano se extiende a cada faceta de su vida, desde preocupaciones sobre el empleo y el cuidado de la salud, hasta la degradación ambiental y la seguridad personal.

La cuestión de la seguridad ciudadana se ha debatido históricamente, sin definirse, en los corredores del crimen y el castigo. Es ya un hecho frecuente en los estudios latinoamericanos sobre la violencia e inseguridad ciudadana, la creciente percepción de postración como efecto del aumento real o percibido del crimen, así como también por los temores que inspiran los propios organismos del control del crimen en la aplicación de sus políticas.

Frecuentemente, las iniciativas de las instancias responsables de mantener el orden y prevenir el crimen generan desconfianza en la ciudadanía y tienden a recrear un círculo vicioso, donde la incapacidad gubernamental es vista como señal de debilidad, al tiempo que el constante uso de la fuerza y la aplicación de medidas represivas tienden a socavar la confianza del público en el sistema democrático, promoviendo un Estado cada vez menos eficaz y más dictatorial. Esta realidad prevaleció en el debate sobre los decretos leyes que reformaron los organismos de seguridad.

Al mismo tiempo, la seguridad pública ocupa un lugar central en la agenda de reivindicaciones y demandas sociales de los moradores de los barrios populares, de las iglesias, de la sociedad civil en general, de los partidos políticos y de los movimientos populares e instancias preocupadas por el creciente deterioro de los derechos ciudadanos, a sabiendas de que la búsqueda de soluciones no puede soslayar los procedimientos y normativas que garanticen el orden democrático en el cumplimiento de la ley.

Así, entre el crimen y el castigo, median mucho más que acciones y decisiones de carácter policial, se requiere un planteamiento global e integrado a las demandas sociales por seguridad y libertad. No se trata de una óptica unidimensional, sino por el contrario, se necesita un enfoque integral del problema.

En repetidas ocasiones se ha dicho que el aumento de la criminalidad en el país obedece a variables sociales entre las cuales se destacan los altos índices de pobreza, la inmigración incontrolada, la drogadicción, el tráfico de armas, la violencia generalizada y el creciente nivel de intolerancia que se está desarrollando en el seno de la sociedad panameña. Esta realidad obliga a los dirigentes políticos del país a darle un enfoque multilateral al problema de la seguridad.

No se trata solamente de ser duro o suave contra la delincuencia. Hay que ser duro, firme y consistente en la lucha contra la pobreza y la marginalidad; en la formulación de una política educativa de calidad que forme ciudadanos integrales y no gente con conocimiento, pero sin responsabilidad social. Esta es la parte medular de una verdadera lucha contra la inseguridad.

Cuando tengamos una estrategia social que enfrente efectivamente la pobreza y la marginalidad, así como organismos de seguridad integrados y coherentes, con buena remuneración estaremos en el camino correcto para enfrentar la inseguridad ciudadana que nos agobia.

-El autor es ingeniero y analista político.blandonc@cwpanama.net