Sociedad que participa, construye democracia

Todos los nacionales tenemos derechos y deberes que cumplir en nuestro país. De igual manera, la democracia participativa y protagónica exige de los ciudadanos y residentes el cumplimiento responsable de los roles que ejercen como parte de una comunidad, grupo u organización. Ello se refiere a nuestro papel en el hogar, en el trabajo y como ciudadanos destinatarios de los planes de desarrollo del Estado y, por lo tanto, partícipes de su formulación y realización.

Muchas veces actuamos pasivamente o como meros espectadores. En otras ocasiones, actuamos como meros críticos y despotricamos contra el gobierno de turno al no obtener soluciones. Nos hemos acostumbrado a una democracia representativa y dejamos exclusivamente en manos de las figuras electas por el voto popular la solución de los problemas del país.

Ciertamente, la democracia va mucho más allá. Incluye la participación de los actores sociales en la elaboración de los planes y proyectos de desarrollo del país y en la supervisión del gasto público de manera honesta y responsable. También en la formulación de propuestas sobre determinadas situaciones que afectan a una gran parte de la población. Ello nos obliga, de manera consciente, a levantar la voz de protesta cuando está en juego el futuro del país, lo cual es un derecho de todos los ciudadanos, siempre en base a planteamientos objetivos y serios.

El político Enrique Múgica Herzog, por 10 años Defensor del Pueblo del Reino de España, lo expresó así: ‘La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos’.

Muchas de las dificultades que aquejan al país o de las cuales nos lamentamos a diario, son consecuencia directa de nuestras propias acciones u omisiones. La indiferencia consciente o inconsciente, de algunos de nosotros ante el dolor ajeno o sobre problemas de la comunidad donde residimos, forma ya parte del panorama que vivimos como país.

Durante el llamado Proceso Revolucionario de la década de los 70, el trabajo yunta Pueblo-Gobierno significó el esfuerzo mancomunado entre éste y las juntas comunales y locales. Ello permitió atender —y casi siempre resolver— problemas sensitivos en cuanto a servicios básicos comunitarios. Entre ellos: agua potable, salud para todos y educación en general. Mucho del avance logrado por estas iniciativas se fue perdiendo. El trabajo conjunto entre los moradores y sus autoridades, ahora parece ser la excepción, no la norma.

Se dice que la familia es la base de la sociedad y donde se reciben los primeros fundamentos en valores y de vida en comunidad. Sin embargo, cuando hacemos un análisis profundo, por ejemplo sobre la delincuencia juvenil, constatamos que la mayoría de esos jóvenes provienen de hogares disfuncionales, con padres irresponsables que no ejercieron el papel que les correspondía en la formación y cuidado de sus hijos. Si bien es cierto que el alto costo de la vida y de la canasta básica exige que ambos padres tengan que trabajar, ello no es excusa para no supervisar a nuestros hijos y su entorno, así como las posibles situaciones de riesgo que puedan atentar contra su estabilidad y seguridad. Ello no es solo responsabilidad del Gobierno.

Nos quejamos de la contaminación ambiental y de los desastres, como inundaciones y los incendios forestales. Pero muchos de ellos son resultados de la acción irresponsable de los ciudadanos, tanto como de la práctica de políticas gubernamentales que no toman en cuenta la protección del medio ambiente. También, esto tiene que ver con el desarrollo de proyectos multimillonarios e intereses particulares, que a la larga causarán un impacto negativo al ecosistema que lo circunda, en perjuicio de los ciudadanos que habitan en su entorno.

La pérdida de valores personales, familiares y a niveles organizacionales deteriora más a nuestra sociedad. Sus consecuencias generan fenómenos como la corrupción, el clientelismo, y crean desesperanza e incredulidad sobre las autoridades, en forma general.

Afortunadamente, durante los últimos años en Panamá, la sociedad civil, clubes cívicos y organizaciones sociales han trabajado en temas de interés y levantan su voz ante situaciones que ameritan especial atención. Ellos desarrollan una labor loable en beneficio del país, ya que la administración pública no solo es responsabilidad de gobernantes y funcionarios.

Todos los panameños y panameñas tienen la obligación, así como el derecho, de tomar parte de las decisiones que afectan el futuro del país, particularmente la administración y el manejo de los recursos públicos, para garantizar el buen gobierno de las autoridades. Ello no significa cogobernar al país. Pero a veces nuestros funcionarios no procuran la colaboración ciudadana, sino, buscan asideros en fuerzas que por su naturaleza e intereses, poco les importa la democracia o la lógica institucional.

La participación inclusiva de los ciudadanos en el proceso democrático ayuda a garantizar la gobernabilidad y el ejercicio apropiado del poder del Estado. El diálogo es la herramienta idónea para estos propósitos. Nunca el dialogar debe considerarse como muestra de debilidad. Por el contrario, implica tolerancia, aportación de ideas y entendimientos para el ejercicio del buen gobierno. Eso, finalmente, significa la Paz.

Elegir a los candidatos que nos representarán debe hacerse sobre propuestas realistas para resolver la problemática de la nación panameña. No puede ser un buen candidato aquél que desconoce la situación social y económica de su entorno. Allí radica realmente el poder del voto: elegir a quienes demuestren voluntad de trabajo con inclusión ciudadana participativa.

ABOGADO.