Protestas, hegemonía, estado de derecho y educación

Para entender la actual situación del país resulta necesario tener en cuenta la situación económica, social y política previa a la elección general del 2024. En el plano económico la realidad se caracterizó por un claro agotamiento del estilo de desarrollo transitista, así como por la frustración de añadirle un importante componente extractivista. A esto se suma una creciente crisis fiscal.

En la esfera social se podía observar un claro deterioro de los servicios públicos básicos, mientras en el espacio político, las crecientes protestas, que culminaron en el rechazo del proyecto minero-extractivista, dejaban en claro la evidente ruptura en la hegemonía política de los sectores económicamente dominantes. Estos últimos, consecuentemente, perdían aceleradamente su capacidad de presentar sus propios intereses como la representación de los intereses nacionales.

Frente a esta situación, que algunos podrían calificar como de policrisis, los sectores económicamente dominantes, toman la clara decisión de realizar un profundo proceso de restructuración de la sociedad panameña. En el caso de la economía se pretende, por medio de una política de choque restablecer las condiciones de generación y acumulación de capitales. La misma ya se ha iniciado con la aprobación de la nefasta Ley 462, que reforma el modelo de pensiones.

Esta acción que sería seguida de una reapertura de la contaminante mina de First Quantum, así como por la construcción de los embalses. También, dado la grave situación fiscal y la presión de las empresas calificadoras de riesgo, es de esperarse una reforma tributaria, que llevaría a un incremento del ITBMS. Además, se deberá esperar transformaciones estructurales regresivas tanto en el plano de los derechos laborales, como en el del sistema de educación oficial.

Un elemento central de la actual coyuntura se refiere a las relaciones del actual gobierno con las políticas estadounidenses. En este caso el gobierno de turno, no solo ha mostrado una actitud genuflexa en general, sino que ha permitido la reinstalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. A cambio los sectores económicamente dominantes y su gobierno esperan la protección política y militar de Estados Unidos en su proceso de llevar adelante su política de choque.

La lucha contra a la Ley 462, que se ha expresado en manifestaciones masivas, la acción militante de los pueblos originarios y una huelga general indefinida por parte de los gremios magisteriales, ha dado lugar a una resistencia social que enfrenta el conjunto de los elementos de la política de choque, que, además, se entiende como un movimiento de defensa de la soberanía nacional.

Frente a esta situación, que ha significado un todavía mayor deterioro de la hegemonía ideológica-política de los sectores económicamente dominantes y su actual gobierno, la respuesta ha sido un ejercicio creciente de la coerción política. La misma ha tomado la forma de violencia policial-militar contra los manifestantes, así como de encarcelamiento de quienes protestan y judialización de dirigentes sociales. Todo esto ha llevado a una evidente ruptura del Estado de derecho en el país, en que los derechos humanos de la población han sido violados.

Un punto central de la situación actual es el intento de los sectores económicamente dominantes y del actual gobierno de no solo derrotar la huelga magisterial. También se trata de un intento de destruir los gremios en los que se agrupan y organizan los educadores del país. El motivo básico que se persigue con esto último es el de desmantelar lo que la oligarquía y su gobierno consideran el freno más importante para realizar una reforma educativa neoliberal.

La reforma neoliberal de la educación implicaría asegurar varios objetivos, entre los que se destaca la necesidad de convertir el proceso educativo en un mecanismo que, por su contenido y métodos, sirva para afianzar la hegemonía ideológica y cultural de los sectores económicamente dominantes. En su conjunto las reformas neoliberales de la educación, como bien lo ha planteado Joe Coleman, se propone: “producir trabajadores flexibles y despolitizados, dotados de la competencia técnica justa para servir al lucro sin desaforar al poder.” La incrustación de elemento del Opus Dei, con su visión de una educación elitista diferenciada por clases sociales, en el engranaje de la educación oficial es un elemento que impulsa este tipo de reforma educativa.

Desde luego que esta reforma también apuntaría hacia la Universidad de Panamá, la cual no podría seguir aspirando a ser la conciencia crítica de la nación.

Teniendo en cuenta lo anterior resulta importante mantener la lucha social contra la política de choque, sosteniendo el esfuerzo por la defensa de la soberanía. Se debe entender la necesidad en la coyuntura actual de hacer un esfuerzo por apoyar decididamente la lucha de los educadores, que representa la vanguardia por la búsqueda de mejores días para la población panameña.