Fabricando la realidad política: ‘Lawfare’

Panamá vive una época donde lo que se presenta como real y posible no es más que el resultado de una estrategia discursiva. La avanzada de la extrema derecha radical, junto con la captura de las cuotas obrero-patronales por parte del sector bursátil panameño —a través de la Ley 462 que modifica la ley del Seguro Social—, consolida un sistema profundamente discriminatorio y gran retroceso histórico en derechos fundamentales en la democracia panameña.

La realidad política, ese marco que define que podemos imaginar, deshacer o hacer, se construye a través de relatos históricos, instituciones y especialmente, de los medios de comunicación. Esta realidad no es neutra: está diseñada por el gobierno del paso firme para excluir alternativas, evitar rendir cuentas por la falta de chenchén y las construcciones del tren David-Panamá y preferir salvar la economía financiera nacional en detrimento de la economía real. Nos dicen que no hay alternativas para salvar el pago de la abultada deuda privada y pública panameña, que cualquier cambio es utópico o peligroso. Así, se desactiva la crítica y se normaliza el malestar.

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la construcción de la realidad política. A través de la selección de las noticias y la forma que estas son presentadas, los medios panameños —a menudo alineados con los intereses de sus corporaciones y accionistas— influyen directamente en la opinión pública y en la configuración de la agenda nacional: rescatar al mercado financiero privando el beneficio de una pensión digna en la vejez y la declaración de estados de emergencias que habilitan contrataciones directas, bajo la apariencia de medidas necesarias y urgentes.

El lawfare es el resultado de la combinación de los vocablos ingleses «law» (“ley”) y «warfare» (“guerra”) y no es más que el uso estratégico del sistema legal y judicial como arma de combate político, con el objetivo de desacreditar, debilitar o neutralizar adversarios políticos sin necesidad de recurrir a la violencia física o militar.

En la construcción de la realidad política de Panamá, el lawfare legitima la persecución de opositores catalogados como vagabundos, vándalos, delincuentes y pandilleros mientras controla la agenda política distractora, erosionando la democracia con un autoritarismo para reconfigurar el campo democrático y los próximos torneos electorales. Cuando el lawfare suele estar aliado con el poder mediático se llama mediafare y se encargan de difundir información selectiva sobre los procesos judiciales. Esta sinergia entre medios y tribunales (como el ‘En vivo’ de la audiencia de Genaro López) se establece por la derecha radical para ayudar a consolidar una narrativa hegemónica, en la que los críticos tratan sistemáticamente de ser deslegitimados. En estos casos se omite el derecho a la información que tiene la ciudadanía y la obligación deontológica de veracidad que compete al periodismo.

La operación Omega, donde se eliminaron las garantías constitucionales y se usó la represión violenta contra comunidades vulnerables como los indígenas y recién nacidos de Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé, convirtiendo a toda una provincia entera en un Gulag soviético moderno, fue una campaña para denigrar de delincuentes a los manifestantes y tachar mediáticamente como “la izquierda radical opositora” y se basaron en la criminalización mediante el lawfare y se seleccionaron ideológicamente las noticias que llegaron a las portadas. Esperemos igual cobertura mediática e investigación periodística cuando se comuniquen sus absoluciones. En esta relación entre lo políticamente posible y lo mediáticamente correcto, lo que se intenta es establecer de que la realidad política no es ni de derechas ni de izquierdas, sino de centro, neutral y objetiva.

Sin duda, la relación que se establece entre lo que consideramos como políticamente posible y lo que se presenta como mediáticamente correcto condiciona la Realidad Política. Y no deja de ser una construcción discursiva que, lejos de atender a las ideas de verdad, realidad o certeza, se acerca más a la narrativa gubernamental, a la ficción y a las relaciones de poder.

Esperemos que los descalificativos, discurso de odio y crueldad contra los diputados de la Asamblea Nacional de parte del Ejecutivo no sean para legitimar, 30 años después, en Panamá, un Fujimorazo.