Trumpulino: primero antagonista de clase y racista, antes que fascista

Hace poco, el presidente Gustavo Petro demandó el cese de la presencia de cientos de agentes de la OTAN con funciones que van más allá que las inocentes asesorías que ellos dan a los órganos de “seguridad”, con lo cual vulnera la soberanía colombiana.

En reacción, figuras de élites conservadoras como Álvaro Uribe (expresidente del país con fuertes acusaciones de ser autor intelectual de miles de muertes y desplazados del campo a través de las guerrillas paramilitares antes y durante su mandato presidencial) acusaron al presidente Petro de desprotegerlos del narcotráfico. A esto el presidente ha respondido desde antes de ser elegido como tal, que la guerra ha sido un inobjetable fracaso en la lucha contra el narcotráfico y su política de transformar la superficie cultivada de coca en alimentos ha mostrado mayor eficacia, a pesar de los obstáculos puestos por políticos vinculados a las élites de esa sociedad, como el expresidente Uribe.

Inferimos aquí el contraste entre dos personalidades de estadistas. Por un lado, de quien se posiciona en favor de un Estado soberano e independiente, caso del presidente colombiano, y por otro, de quien somete al país a los dictámenes de grupos de poder extranjero, ejemplificado en el presidente panameño. Este, no solamente no lo disimula, sino que lo justifica afirmando que él no entraría en una confrontación con EE.UU. y que no se quedaría “en el discurso nacionalista de patria o muerte, ‘esa estupidez’ no la van a ver con este presidente” (conferencia de prensa, mayo 2025). Bueno, parece que su concepto de estupidez hace parte de su ideología viciada que define el mundo al revés, lo que a la vez, como veremos más adelante, lo descalifica como un agente del fascismo.

La mano (neo)colonial no solamente se impone físicamente -con bases militares o sin ellas, lo cual es indiferente- sino en la cada vez más sensitiva influencia que trastoca nuestra independencia como naciones soberanas, ya sea en la gestión del Estado como específicamente en la del Canal de Panamá, que implica la ampliación de requerimientos de agua (embalses de Río Indio) para servir a los propósitos del trasiego de mercancías en un escenario de guerra comercial internacional de EE.UU. O también, en las supuestas ayudas con operaciones como las del antiguo programa de “acción cívica” de la extinta Guardia Nacional, para asistir en lo que el Estado debería estar asistiendo, con lo cual se estimula una penetración dirigida a fortalecer el colonialismo mental en la población.

Donde se hace menos evidente, es en el odio institucional racial y de clase que subyace como resultado de las asesorías y asistencias de seguridad o “inteligencia” sobre todo en tareas de “disuasión” contra movimientos sociales, sindicales y campesinos. Aún pesa en el imaginario de la “inteligencia” colonialista, asociar a movimientos campesinos con el estereotipo de guerrillero “insurgentes”.

El odio clasista se puso en operación desde finales del gobierno de Cortizo-Carrizo, agudizado actualmente, cuando no solamente se cercenaron derechos universales para el funcionamiento de diversos sindicatos en el sector privado, sobre todo al de la construcción (Suntracs), sino más aún a una forma de gestión que no es la fomentada por las clases a las que pertenece o responde trumpulino, tal como fue el caso de la cooperativa de los afiliados a dicho sindicato. Esta fue clausurada, al margen de lo que dicta la ley de las cooperativas, obedeciendo a una doble estrategia de asfixia de trabajadores organizados de un sindicato fuerte y de aniquilamiento de un tipo de organismo que alivia problemas económicos a las clases trabajadoras, consideradas como una alternativa peligrosa por las élites bancarias.

La ley dictamina que, en primer lugar, debe haber una notificación previa a la cooperativa de la sospecha de irregularidades, y en segundo lugar, dar la oportunidad para que la cooperativa presente defensas o subsane las irregularidades y después de eso y solo después, incurrir en una evaluación previa del Ipacoop antes de tomar una decisión de cancelación (Ver Ley 29 de 1991 que regula las cooperativas en Panamá). La acción de trumpulino, a través de los organismos del Ministerio Público fue clausurarla de tajo, sin mediar los pasos establecidos a nivel internacional para dicha medida, perjudicando a sus afiliados.

El quiebre del Estado de derecho es más que evidente, pero la muestra de un odio racializado hacia las clases trabajadoras y más intensamente contra trabajadores indígenas -como en el caso de la indignante represión y detención de las hermanas de la etnia Emberá-Wounam por participar en protestas pacíficas por derechos humanos- es cada vez más inocultable.

En fin, la actuación gubernamental desprotegiendo los intereses nacionales frente a los extranjeros (EE.UU.) lo descalifica como expresión propia del fascismo. En tal sentido, dado su sometimiento antinacional al trumpismo, cabe afirmar que el trumpulinismo es primero fomentador de odio de clases y racista, antes que fascista.