• 26/06/2019 02:00

Editorial

Ambos exfuncionarios del Ministerio de Economía y Finanzas intentan al unísono desacreditar las publicaciones aduciendo algunos argumentos que, aunque pueriles, exigen claridad.

Recientemente, a propósito de publicaciones de este diario en las que se evidencia lo que en cualquier país de primer mundo sería un escandaloso conflicto de intereses, los señores Dulcidio De La Guardia y Ricardo Zubieta Arias, exministro de Economía y Finanzas y actual presidente de la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. y exjefe de Gabinete del exministro mencionado, respectivamente, han hecho públicos sendos comunicados, una vez más atacando al mensajero y no el mensaje. Clásico comportamiento de quien no tiene respuestas para las interrogantes que como medio de comunicación hacemos en nombre de la sociedad.

El que una empresa recibiera una concesión de parte de la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., que preside el exministro De La Guardia, y a su vez esa empresa es presidida por su subalterno inmediato, cuando ambos ocupaban altas posiciones del todopoderoso Ministerio de Economía y Finanzas, revela un hecho por demás escandaloso y que ameritaría una revisión de los estándares éticos de ambas instituciones, cuando no de los entes de fiscalización del Estado.

En el caso del señor Zubieta Arias, el hecho de que al finalizar sus funciones en el Ministerio de Economía y Finanzas pasase a desempeñarse en una de las empresas beneficiarias de uno de los fideicomisos producto de la infame Lista Clinton, sobre el cual tuvo información privilegiada por su posición, deja igualmente dudas sobre esos estándares éticos.

Ambos exfuncionarios del Ministerio de Economía y Finanzas intentan al unísono desacreditar las publicaciones aduciendo algunos argumentos que, aunque pueriles, exigen claridad.

El señor De La Guardia puede anunciar, tantas veces quiera, que será impaciente e intolerante en la defensa de su nombre aduciendo que ha dejado de ser ministro y ‘retornado a la vida privada'. Oportuno es recordarle que sigue fungiendo como presidente de la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. y que el 100% de las acciones de esa sociedad pertenecen al Estado panameño; por lo tanto, sus actuaciones son y seguirán siendo de escrutinio público, por más que quiera evitarlo.

El exministro De La Guardia asevera en su comunicado que el fideicomiso del proyecto Soho Mall se creó por recomendación de los abogados del grupo propietario, probablemente ha llegado el momento de que por ruta de la Ley de Transparencia, el Ministerio de Economía y Finanzas haga públicas todas las minutas sobre cómo se desempeñó De La Guardia durante la gestión en defensa de los intereses de los ciudadanos panameños objeto de la Lista Clinton, porque el país entero tuvo de primera mano sus reiteradas declaraciones, al igual que de la señora vicepresidenta de la República, y supo en su momento claramente que los propietarios fueron forzados a ceder sus bienes por acción u omisión del Gobierno Nacional.

Apelar a estas alturas a que ‘gracias a la voluntad del Presidente de la República y las gestiones del Ministerio de Economía y Finanzas' fue posible ganar espacios para la solución de las enormes injusticias creadas producto de la Lista Clinton es un despropósito y un intento infantil de burlar la historia.

Conviene recordarle al señor Zubieta Arias que la independencia editorial de este diario se ha defendido ante los más tormentosos embates y que no serán sus veladas insinuaciones las que nos harán distraer nuestro norte, amén de que es oportuno evidenciar el vergonzoso error que contiene su escrito, vergonzoso por razón del nivel del cargo que ocupó en el Ministerio de Economía y Finanzas y por el grado de información a la que tenía acceso, según la propia hoja de vida que publica en sus redes sociales. La Estrella de Panamá no fue objeto de ningún fideicomiso, como alegremente lo afirma.

La independencia editorial de este diario se salvaguardó por la determinación de quien era su propietario mayoritario, de sus trabajadores que con dignidad y esfuerzo defendieron su trabajo, de la Fundación Publicando Historia y, sobre todo por el respaldo del pueblo panameño al que servimos.

Ese compromiso no lo vamos a ceder y cuando en el ejercicio del periodismo libre e independiente tengamos acceso a información que creamos de interés público, la daremos a conocer.

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