Hoy, la Asamblea Nacional de Panamá elegirá a su nueva junta directiva. Será un momento clave, no solo por la figura que asumirá el liderazgo del Legislativo, sino por lo que esa elección simboliza en un contexto de profunda desconfianza ciudadana. Los números no mienten. Según la más reciente encuesta “Vea Panamá” de este diario, la percepción negativa sobre el desempeño de la Asamblea ha dado un giro dramático en menos de un año: entre octubre de 2024 y junio de 2025, los juicios desfavorables pasaron de 33,2 % a un abrumador 80,4 %. Un descenso pronunciado que refleja más que un descontento momentáneo: revela una crisis estructural de credibilidad. La Asamblea carga con una deuda que sigue creciendo: la falta de avances reales en leyes anticorrupción. En su lugar, el país ha sido testigo de repartos políticos, blindajes disfrazados de legalidad y un distanciamiento creciente de los ciudadanos. Por eso, más que un simple trámite, la elección de hoy debe interpretarse como una oportunidad —quizá la más crucial por los tiempos convulsos que vivimos— para intentar recomponer la relación rota entre la Asamblea y el país que dice representar. ¿Optarán los diputados por alguien comprometido con la apertura, la fiscalización y el interés colectivo? ¿O volverán a imponerse los pactos oscuros, las lealtades de conveniencia y la política del silencio ante la corrupción? Panamá observa. Y esta vez no basta con palabras vacías. La ciudadanía exige señales claras y hechos concretos. La Asamblea puede seguir hundiéndose en la desconfianza... o empezar, aunque tarde, a dar un giro.

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