En Venezuela hay 1,905 detenidos considerados como “presos políticos”, 38 más que la semana pasada, cuando se computaron 1.867 personas privadas de libertad...
Tan solo esta semana tuvo lugar el asalto de una joyería en San Francisco y el robo violento de un bar en Chilibre. En un autobús en Chiriquí, con arma en mano, delincuentes sometieron a sus pasajeros; mientras que en Brisas del Golf atacaron a humildes trabajadores de una pizzería para llevarse un puñado de dólares. No se trata de crímenes cometidos exclusivamente en “áreas calientes” de los barrios populares, como tradicionalmente se ha estigmatizado a estos territorios del país; pareciera que avanzamos hacia una criminalidad generalizada que cruza la geografía nacional, indistintamente de la condición socioeconómica del barrio. Si bien la tentación inmediata de los gobiernos es apelar a la “mano dura” y la represión del Estado, pretender que solo esta resolverá la violencia es un error en el que no podemos caer. Las fuerzas de seguridad deben incrementar su trabajo, pero también el sistema de justicia tiene que responder oportunamente y el brazo social de las instituciones públicas dar respuesta a los problemas que facilitan el surgimiento del crimen. Mano dura con los criminales y justicia social como prevención, la paz es un derecho al que no podemos renunciar.