La reciente salida de Panamá de la lista gris de la Unión Europea representa un hito en los esfuerzos del país por reforzar su imagen internacional y proyectar mayor transparencia en su sistema financiero. Este logro no solo refleja años de trabajo técnico y político, sino que constituye un reconocimiento a los avances normativos y al compromiso institucional en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Durante décadas, Panamá cargó con el estigma de la opacidad financiera, alimentado tanto por errores propios como por prejuicios externos. Sin embargo, en los últimos años, el país ha adoptado reformas clave en materia tributaria, cooperación internacional y regulación financiera. A pesar de estos avances, el reconocimiento internacional se vio demorado, en muchos casos, por consideraciones más políticas que técnicas. Las llamadas “listas discriminatorias” no se aplican con el mismo rigor a todos los países. Es evidente que algunas naciones con mayor peso económico y geopolítico logran eludir estos señalamientos, a pesar de prácticas igualmente cuestionables. Este doble rasero no sólo mina la credibilidad del sistema internacional, sino que también afecta la reputación de países como Panamá. Salir de esta lista es un paso crucial para recuperar la confianza de los inversionistas, atraer capital extranjero y posicionar al país como un destino competitivo y transparente en la región. Una reputación fortalecida puede traducirse en mayor flujo de inversiones, generación de empleo y desarrollo sostenible.

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