Freno a la corrupción

La corrupción es el principal problema del país. Así lo reflejó la más reciente encuesta Vea Panamá de nuestro diario, en la que el 33,9 % de los panameños identifica este flagelo como su mayor preocupación, muy por encima del desempleo y el alto costo de la vida. En una nación donde las salas judiciales han terminado por parecer bodegas repletas de expedientes impunes, una iniciativa urgente ha tocado la puerta del sistema penal panameño. El procurador de la Nación ha presentado dos proyectos de ley que pueden marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Se trata de una propuesta clara: menos burocracia, más justicia. Con la Ley General Anticorrupción, se busca no solo agilizar procesos, sino también romper con los amarres estructurales que históricamente han blindado a los corruptos: auditorías eternas, dictámenes engavetados, validaciones cruzadas que diluyen responsabilidades. La corrupción es un crimen de velocidad y combatirla requiere reflejos jurídicos igual de veloces. ¿Y las llamadas “botellas”? En el proyecto de ley que modifica el Código Penal presentado por el procurador también se establece cárcel entre cuatro a ocho años para las “botellas”. Este es un intento directo por castigar la trampa institucionalizada, esa que tantos políticos y funcionarios han convertido en parte de su “derecho adquirido”. El Ministerio Público debe actuar con dientes afilados y manos libres para cortar la maleza. Demostrar que hace justicia y no persecuciones políticas por intereses de algunos. Que esta iniciativa no se quede en papel mojado. Que los jueces, fiscales y actores del sistema penal comprendan que la justicia no solo debe ser imparcial, sino también oportuna.