Policía Municipal: límites bajo escrutinio

Lo ocurrido en el edificio Hatillo no fue un simple exceso durante una protesta. Fue la expresión más grave de una Policía Municipal que parece haber olvidado para qué existe, hasta dónde llegan sus facultades y a quién debe proteger. Un grupo de extrabajadores acudió a reclamar prestaciones y primas de antigüedad. No portaba armas ni representaba una amenaza para la ciudad. Sin embargo, una exigencia laboral terminó con una persona gravemente herida y hospitalizada por una hemorragia cerebral. La escena no habla de prevención ni de control: habla de una fuerza incapaz de medir su poder frente a ciudadanos desarmados. El alcalde reconoció que los agentes fallaron en su deber disuasivo. La explicación resulta demasiado cómoda. Cuando una intervención policial provoca consecuencias de esta magnitud, ya no basta con hablar de errores operativos. Debe investigarse quién impartió las órdenes, qué protocolos se aplicaron, por qué se utilizó la fuerza y quién decidió que un reclamo administrativo debía ser contenido como si se tratara de un motín. La discusión es todavía más inquietante porque la Corte Suprema analiza una demanda contra el acuerdo que otorga a este cuerpo facultades de requisa y detención. El episodio de Hatillo confirma que no se trata de un debate jurídico abstracto. Una policía local con atribuciones confusas, controles débiles y vocación represiva representa un riesgo. La Policía Municipal no puede convertirse en guardia pretoriana del alcalde ni en instrumento para silenciar reclamos. La autoridad sin límites deja de cuidar la ciudad y comienza a intimidarla.