Tribunal mantiene detenidos a imputados en Operación Pandora

Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) rechazaron este jueves 6 de agosto las apelaciones presentadas por cinco personas imputadas en Operación Pandora que pedían que se les cambiara la medida cautelar de detención provisional por una más laxa. Además, decidieron revocar la medida cautelar de depósito domiciliario a uno de los imputados y cambiarla por detención provisional.

La audiencia de apelación se llevó a cabo el lunes, martes y jueves de esta semana, siendo en este último cuándo los magistrados comunicaron su decisión y explicaron su razonamiento.

En total, 13 personas habían apelado la medida cautelar de detención provisional. De ellas, 8 desistieron de la apelación en el primer día de audiencia. Las 5 restantes eran las exfuncionarias de la Dirección General de Ingresos Karina Suárez, Vielka Sáez, Margie Caballero y Juana Chong, junto con Juan Palacios.

El tribunal estuvo compuesto por los magistrados Frank Torres, Greta Marchosky y Carlos Barragán. Torres, quien presidió el tribunal, explicó al comunicar la decisión unánime del tribunal que el Ministerio Público había demostrado una vinculación suficiente para mantener la medida cautelar por la gravedad del delito y riesgos procesales que podrían interferir con la investigación que adelanta el Ministerio Público.

No solo mantuvieron las medidas de detención provisional a quiénes ya se mantenían detenidos, también revocaron el depósito domiciliario a Lupo González, cambiándolo por detención provisional.

González y Karen Pittí se mantenían en depósito domiciliario tras la primera audiencia en que se les imputaron cargos. El Ministerio Público había presentado recurso de apelación a esta decisión que fue resuelto este jueves.

De acuerdo al Tribunal de Apelaciones, hay elementos suficientes para vincular a ambos y que se mantengan en detención provisional. Sin embargo, en el caso de Pittí decidieron mantener el depósito domiciliario reconociendo una condición médica que requiere atención y seguimiento continuo.

Aunque todas las exfuncionarias de la DGI fueron vinculadas con la investigación, el rol de cada una es distinto. Juana Chong, por ejemplo, es señalada por aprobar trámites que resultaron en la adjudicación de créditos fiscales por cuantiosas sumas de dinero, así como de modificar los números RUC. Vielka Sáez era una analista que habría facilitado el movimiento de cientos de miles de dólares a distintas sociedades, de acuerdo al Ministerio Público.

Según los argumentos de la Fiscalía, se habrían realizado transferencias por unos 40 mil dólares que luego serían repartidas en efectivo a las funcionarias. El enlace sería Juan Palacios, quien la Fiscalía señala recibió unos 500 mil dólares que aún no han sido justificados. La defensa de Palacios respondió que tiene caballos que han ganado carreras en el hipódromo, pero la fiscalía rebatió que las ganancias solo alcanzan unos 100 mil dólares, por lo que quedan más de 400 mil dólares por justificar.

En cuanto a Karen Pittí, su papel se encuentra en otro punto de la presunta estructura criminal. Ella fue la creadora de la sociedad Master Eco Green, la cual firmó contratos escrow con un banco local, cambiando los créditos fiscales por millones de dólares en dinero real. Su defensa señala que los contratos fueron hechos bajo la presunción que los créditos eran legítimos y que Pittí solo aceptó luego de ser convencida por su expareja, un hombre que también está imputado en el caso y aparece como beneficiario final de Master Eco Green: Adolfo Quintero. De acuerdo a los fiscales, Quintero habría recibido unos 15 millones de dólares a través de sociedades y sus cuentas personales.