Dos caras de la misma moneda

Con miras a la celebración del mes de noviembre, es preciso recordar que desde los albores de la Patria, la justicia y la economía conforman una relación sustancial y funcional que en la actualidad ha alcanzado uno de sus puntos críticos, a pesar de que corresponden a dos caras de una misma moneda.

Para demostrar dicha conexión es oportuno hacer hincapié en dos categorías de la justicia donde tenemos serios problemas en Panamá: la certeza del castigo y la presunción de inocencia. En cuanto a la certeza del castigo, es una asignatura pendiente del sistema judicial y ocupa un lugar destacado entre los desafíos institucionales que debemos enfrentar con celeridad. Las demoras o irregularidades en tribunales dificultan el clima de negocios e influyen negativamente en la imagen de país, a la vez que minan las posibilidades de progreso de nuestra sociedad.

En este contexto, el ciudadano se siente desprotegido no solo ante el Estado, sino también frente a terceros, puesto que los derechos y libertades se encuentran insuficientemente resguardados al no estar asegurada la estabilidad de las normas jurídicas, requisito crucial para el desarrollo de un proceso de inversión. Además, la situación de incertidumbre acorta el escenario de planeamiento, encarece la inversión, frena la posibilidad de crecimiento y entorpece la generación de empleo. De allí que este tema debe figurar como prioritario en la agenda política.

Igualmente, no se trata solo de aventar los fantasmas de la justicia a los casos sonados del Gobierno anterior y darle matiz político a todo asunto, con miras de sacarle un millaje mediático. Es preciso cuidar el concepto de presunción de inocencia y eliminar las conducciones y detenciones ilegales a individuos, porque son generadoras de conflictos que muchas veces terminan en la injusticia y contradictoriamente originan situaciones de notoria iniquidad. Esta paradoja abarca otro contrasentido: en el corto plazo, el Estado se transforma en violador del marco legal, que a la larga debe ser enfrentado por el contribuyente, que se hace cargo indirectamente de importantes deudas ocasionadas por actitudes poco responsables. En ese sentido, es imperativo tener presente el valor de la presunción de inocencia, el respeto de las leyes, cualesquiera sean las circunstancias, especialmente por los representantes del Estado.

La lentitud de los procesos judiciales crea una morosidad que también incide de manera nociva en la actividad económica. Pensemos solo en cuánto puede dilatarse el proceso legal de recuperación de un crédito y los costos que se derivan del mismo. Mayor dinamismo en el sistema judicial ayudaría a abreviar estos procesos, contribuiría a reducir la tasa de interés y el costo financiero, al igual que a aumentar la seguridad de potenciales inversores.

Una justicia lenta y poco eficiente implica mayores incentivos a ignorarla e induce a reprochables comportamientos de ‘juegavivo': violar las reglas bajo la premisa de que hay una baja probabilidad de ser detectado. No queremos caer en el lugar común de acusar a todo el aparato judicial de ineficiente. A veces el propio sistema constituye un ancla enorme para los jueces, a los cuales considero, en su mayoría, víctimas de una sobrecarga de expedientes.

Mediante el fiel y obstinado respeto a las normas y procedimientos legales, más un sistema judicial ágil, estaremos en mejores condiciones para dar batalla a la corrupción. Esta es una lucha que debe comprometer a todos los actores sociales y principalmente a cada uno de los políticos. La corrupción, además de ser intrínsecamente perversa, es un factor de discrecionalidad y de inseguridad que atenta contra la inversión.

Debemos insistir en la búsqueda de un marco jurídico que disuada la corrupción y pocos instrumentos son tan poderosos para atenuar este flagelo como una buena inversión en educación. Panamá destina ingentes fondos en este rubro y, sin embargo, los recursos aportados por los contribuyentes no llegan eficazmente a su destino, puesto que existen problemas para una eficiente asignación y administración de dichos montos.

Para esta coyuntura y para los tiempos venideros, son válidas las palabras del presidente Ernesto de la Guardia, cuando en noviembre de 1956 escribió a su ministro de Hacienda, Rubén Darío Carles, que ‘ante todo, el buen uso de los dineros públicos sería el mejor acto para rendirle honor a la Patria y para la restauración de la vida moral y política del país'. Aunque Chinchorro fue un ejemplo en vida de este mensaje, desafortunadamente esa norma ya no forma parte de la conciencia de los políticos panameños y de quienes dicen representar la voluntad del pueblo. Para ellos es más significante en estos días el ruido de los tambores y clarines y el sonido metálico en sus bolsillos.

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