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21 de Jan de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Respeto para los pueblos Ngäbe y Buglé

Los diversos comunicados de la Coordinadora Indígena señalan que los pueblos Ngäbe y Buglé persiguen dos cosas: por un lado, conservar s...

Los diversos comunicados de la Coordinadora Indígena señalan que los pueblos Ngäbe y Buglé persiguen dos cosas: por un lado, conservar sus tierras, sus comunidades y sus familias, ante el atropello de las instancias gubernamentales que los oprimen. Por el otro, quieren que se les respete su dignidad como pueblos, con culturas siempre enriqueciéndose sobre la base de sus propias costumbres. Lo que más desean es que los descendientes de los conquistadores y sus agentes detengan sus ataques sistemáticos y permanentes.

El decreto 537 de 2011, que reformó la legislación que creó la figura legal de las comarcas indígenas en Panamá en 1997, tiene varios defectos. El más importante, en mi opinión, es que se confeccionó y publicó sin consulta con las partes afectadas. Los gobernantes deben ser muy cuidadosos en estos casos y primero consultar con todas las partes con interés en alguna iniciativa. En este caso no se hizo.

Con relación a la intervención inconsulta del Tribunal Electoral (TE) en los asuntos de los pueblos indígenas, esta instancia del Estado hizo lo que no hace en otros casos como las elecciones que celebran otras etnias panameñas (Club Unión, Congreso Negro, Sociedad Española, Colonia China, etc.). Los gobernantes deben permitirles a los pueblos indígenas hacer uso de la autonomía que les confieren la Constitución y las leyes para su propio beneficio.

Todas las leyes (panameñas) se aplican a la población de las comarcas indígenas. Por ejemplo, la ley dice que el Tribunal Electoral organizará elecciones nacionales y que todos los panameños (incluso los pueblos indígenas) tenemos el derecho y el deber de participar en las comicios para presidente, diputados, alcaldes y representantes. Pero los Congresos que eligen a los ‘líderes tradicionales’ de los pueblos indígenas son materia que le corresponde exclusivamente a esas comunidades originarias. (El TE, por ejemplo, no le organiza a la Iglesia la elección de obispos u otros dignatarios.). En parte alguna existe una ley que dice que el gobierno debe organizar políticamente a los pueblos indígenas de Panamá. El decreto 537 pretende —sin fundamento alguno— decirle a los pueblos indígenas cómo deben organizarse en materia política. La Ley, sin embargo, es muy clara cuando dice que el Estado respetará las costumbres de los pueblos indígenas.

En la actualidad, el gobierno ha elegido a un cacique general Ngäbe. Al mismo tiempo, el Pueblo Ngäbe realizó su congreso tradicional y escogió a su propio presidente. En este último caso, fue elegido el agrónomo Celio Guerra. El gobierno lo descalifica, porque dice que es miembro de un movimiento social popular contestatario. Personalmente no lo conozco. No sé si es miembro de Frenadeso. Lo importante es saber si es miembro del pueblo indígena que lo eligió presidente del Congreso. ¿Cuáles son las cualidades de Guerra para ser presidente del Congreso? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Obviamente, si hubiese sido militante de Cambio Democrático (partido del presidente Martinelli) o del PRD (partido opositor) diríamos que esos partidos políticos tienen ‘amarrada’ políticamente a la Comarca. Todo indica, si es cierta la afirmación sobre Frenadeso, que esa organización promueve el consenso y la unidad entre los grupos que forman el Pueblo Ngäbe.

El presidente Martinelli, al igual que los mandatarios anteriores, ha ignorado los intereses de los pueblos indígenas de Panamá. Sus reformas al Código Minero y la represión en Changuinola son buenos ejemplos. Los insultos de sus ministros y asesores contra los indígenas, en general, es una buena muestra de la falta de respeto que tiene el gobierno del principio de autonomía.

Los pueblos indígenas son partes integrales del Estado panameño. Sus comarcas, al igual que las nueve provincias del país, forman parte de la República. Ellos respetan la Constitución y las leyes panameñas. Para contribuir a la paz social y al desarrollo de las comarcas (de igual manera que del resto del país), los gobernantes deben respetar la Constitución y las leyes que dicen que los pueblos indígenas tienen sus propias costumbres. Los pueblos indígenas quieren mejorar sus niveles de vida económicos y sociales. Todo indica que ellos quieren que todos los panameños (y el gobierno) trabajemos con ellos (no supuestamente para ellos). Esto quiere decir, en primer lugar, que ellos tienen que resolver el problema de la producción (alimentos, infraestructura, manufactura, etc.), que requiere un gran esfuerzo en los campos de la educación, salud y vivienda. Segundo, tenemos que reconocer que la Comarca Ngäbe-Buglé tiene un sistema de organización política que funciona. Hay que respetarla y no destruirla.

*PROFESOR DE LA UP E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.