28 de Feb de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

La estafa de Juan Hombrón

PROFESOR DE LA UP E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.. Un negocio que se calcula valorado al menos en 80 millones de dólares pretende rea...

PROFESOR DE LA UP E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.

Un negocio que se calcula valorado al menos en 80 millones de dólares pretende realizar un pequeño grupo de especuladores con relaciones muy cercanas al Palacio de las Garzas. ‘En un periodo no mayor de seis meses, 12 sociedades anónimas y dos personas lograron un hecho insólito en la historia de la titulación de tierras en Panamá: el reconocimiento de sus derechos posesorios, todos en la comunidad de Juan Hombrón, en las costas de la provincia de Coclé. (Sector de mayor crecimiento turístico del litoral panameño). El trámite supuso reunir a unos 50 lugareños, supuestos titulares de los derechos posesorios’. Así titularon sus portadas los rotativos de la capital panameña que dieron a conocer la gran estafa. Esta sigue los anteriores ya reportados en un largo rosario de intrigas y asaltos al erario público.

Además de reunir a los supuestos titulares, convencerlos para que ‘vendieran’ sus derechos, acordar el precio, elegir a los abogados que los representarían, hacer el papeleo en notarías y otras oficinas gubernamentales y pagarles. Los curioso es que se trata de derechos posesorios sobre lotes paralelos y consecutivos que juntos suman 54 hectáreas y que hoy valen B/80 millones. Las tierras a orillas de las playas de Juan Hombrón se encuentran a dos horas de carretera de la ciudad de Panamá, aproximadamente 100 kilómetros. Además, en las cercanías se está empujando la construcción del aeropuerto internacional de Río Hato (una inversión de más de 100 millones de dólares). También EE.UU. está presionando para que el gobierno panameño construya una base aereo—naval militar en la comunidad próxima de Antón.

En el negocio de titulación gratuita la ex directora de Titulación de la Administración Nacional de Tierras (ANATI), Anabelle Villamonte, fue la abogada que inició los trámites para las 12 sociedades. Después, ocupando en el cargo de directora de Titulación, otorgó a las 12 sociedades la adjudicación gratuita que habían pedido. Antes de ocupar el cargo, Villamonte renunció a sus poderes como representante legal. La abogada renunció al cargo en ANATI después que los medios de comunicación dieran a conocer la adjudicación de tierras.

Según los medios de comunicación, ‘la Ley 59 de 2010, que creó la ANATI, establece que se puede adjudicar gratuitamente los terrenos, si se prueba que quien alega tener derechos posesorios las ha ocupado cinco años en forma pacífica e ininterrumpida. En el caso de la sociedad Properties Group se le adjudicaron gratuitamente 1.3 hectáreas a una sociedad que solo tenía 9 meses de vida jurídica’. Otra característica de esta titulación paralela, consecutiva y gratuita es que quienes alegaron tener derechos posesorios adujeron como única prueba la declaración de su colindante. Esto quiere decir que un colindante declaraba a favor de quien tenía a su lado y este a su vez declaraba a favor del supuesto dueño del lote vecino. Ninguna otra prueba fue exigida por la ANATI.

Para verificar la residencia de las personas favorecidas en la adjudicación de derechos posesorios y de sus testigos, el diario local La Prensa corrió sus nombres en el padrón electoral de finales de 2004. La mayoría de ellos no figuraba en esa base de datos del Tribunal Electoral. Al menos, no vivían ese año en Juan Hombrón. Pero sirvieron de testigos de los cinco años de ocupación a sus supuestos colindantes.

La Prensa publicó extensos reportajes describiendo en detalle cómo se creó la ANATI, las diferencias de criterio que surgieron en la Asamblea, el papel jugado por su primer director, Alejandro Castillero, y la directora de Titulación, Anabelle Villamonte, en la adjudicación de 54 hectáreas en forma consecutiva, paralela y rodeada, al parecer, de irregularidades.

La comunidad panameña exige que se haga justicia con los responsables de esta injusticia. Además, plantea que es necesario que todo el sistema creado por ANATI, para el beneficio de unos pocos allegados al poder, sea eliminado. Para comenzar, ANATI debe desaparecer de la misma manera que apareció, para ser utilizada por los especuladores de tierras.

El presidente Ricardo Martinelli alega que él le prometió en su campaña electoral a los pequeños agricultores y campesinos que pondría en marcha un programa de titulación para beneficio de esos sectores. Si la intención del mandatario es hacer justicia con los miles de campesinos sin tierra que comience por casa: la provincia de Veraguas y no por las playas de Coclé.

La titulación de tierras, además, tiene que responder a un programa racional que contemple una Reforma Agraria. Los agricultores tienen que organizarse para entrar a producir en forma competitiva. Es decir, el gobierno tendría que darle todo su apoyo a la reorganización de los Asentamientos Campesinos, donde los agricultores organizados produzcan los granos y otros productos de la tierra que consumen los panameños.

Si no hay un plan de desarrollo para los agricultores, todo programa de titulación de tierras responde a un fraude al más alto nivel. Con la excusa de querer ayudar a los campesinos sin tierra lo que han hecho los gobernantes es crear un sistema que se presta para estafar al fisco y, de paso, depredar a la República.