El brillo del cobre enceguece al gobierno

Por tercer año consecutivo el gobierno del presidente Ricardo Martinelli reprimió al pueblo Ngäbe-Buglé en su propia comarca, situada en el extremo occidente de Panamá. En 2010 cobró dos vidas de obreros en las bananeras de Changuinola, Bocas del Toro. El fin de semana pasada el gobierno asesinó en San Félix al dirigente estudiantil ngäbe Jerónimo Rodríguez, hirió a cerca de 50 manifestantes y detuvo a otro número igual.

Mientras tanto, el país es sacudido con las ineptitudes del presidente y su equipo de gobierno. Los negocios han sufrido fuertes pérdidas y la imagen del país se ha deteriorado en el exterior. Las capas medias se sienten inseguras y hay incertidumbre. El pueblo —el 80 por ciento de la población— sospecha que si hoy son los ngäbe-buglés, mañana las víctimas de la represión pueden ser sus propios hijos.

La insurrección ngäbe buglé tiene una explicación muy obvia y transparente. En cambio, la agresividad tipo criminal del gobierno es menos obvia y con motivos que no son tan fáciles de identificar.

Los ngäbe-buglés han planteado desde hace varias décadas que no quieren que se desarrollen explotaciones mineras en el área que en 1997 fue declarada una comarca con sus leyes y reglamentos propios. En febrero de 2011, ante una ofensiva gubernamental, los ngäbe lograron arrancarle al gobierno un compromiso de que enviaría a la Asamblea una ley prohibiendo la explotación minera. Renegando su palabra, un año después el presidente Martinelli hizo que la Asamblea de Diputados aprobara en primer debate un proyecto de ley que le abriera las puertas a la explotación minera en la comarca.

¿Por qué el presidente Martinelli está obstinado en reprimir al pueblo ngäbe buglé?

Es una cuestión de negocios. El gobierno nacional no tiene proyecto nacional o interés por impulsar un programa de desarrollo para el país. La Comarca Ngäbe-Buglé contiene en sus entrañas el yacimiento Cerro Colorado, que contiene la reserva de mineral cuprífero más grande de América Latina.

La mina, que tiene un valor superior a los mil millones de dólares, es propiedad de la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (CODEMIN), empresa del Estado panameño. La misma está autorizada por ley para hacer concesiones a empresas privadas para explotar su riqueza mineral. Cuando la CODEMIN fue creada en la década de 1970, el general Omar Torrijos era jefe de gobierno, se pensó en que serviría para contribuir al desarrollo del país. En aquella época, el gobierno militar se asoció con tres multinacionales —Texasgulf, Canadian Javelin y Río Tinto-Zinc— antes de abandonar el proyecto cuando los precios en el mercado mundial se desplomaron.

En la actualidad, el precio del cobre fluctúa entre los cinco y ocho mil dólares la tonelada. Con ese precio, la inversión en Cerro Colorado se recuperaría rápidamente. Los planes para explotar Cerro Colorado pasan por una concesión internacional, con la participación de la transnacional canadiense Inmet Mining Corporation, el gobierno coreano y capitalistas nacionales.

La desesperación del presidente Martinelli y su equipo de gobierno para culminar con éxito el negocio, ha creado en el país una situación que limita con el caos. Su ministro de Seguridad Pública ha acabado con todos los resguardos de la Constitución Política. Interrumpió la comunicación inalámbrica en el área sin orden judicial. Allanó viviendas y detuvo a panameños que protestaban llevándolos a la ciudad de Panamá. El ministro de Seguridad admitió que los agentes de Policía portaban armas de fuego en los operativos contra los ngäbe.

Según informes de los medios de comunicación, la Policía Nacional violó el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal de los detenidos, el debido proceso al no poner a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley y violó los principios básicos de protección de los menores de edad y limitó la libertad de prensa.

El Partido Alternativa Popular (PAP) anunció que acusaría al jefe de la Policía Nacional ante la Procuraduría General de la Nación por extralimitación de funciones. Igualmente, el PAP llevará una denuncia contra el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad.

A pesar de los engaños y los diálogos frustrados, el pueblo Ngäbe-Buglé se ha mantenido firme en su posición de no permitir que las empresas cupríferas extranjeras, en combinación con los rentistas panameños, destruyan sus comunidades. El plan de las multinacionales es explotar Cerro Colorado utilizando tecnologías de cielo abierto, mucho más económicas, pero también insostenibles. La población Ngäbe tendría que abandonar sus tierras y migrar hacia las ciudades.

Aún no es claro quienes serían los socios panameños de los canadienses y del gobierno coreano en la empresa cuprífera de Cerro Colorado. Se supone que el presidente Martinelli estaría a la cabeza del grupo empresarial local. En la actualidad, familiares de altos funcionarios de gobierno tienen intereses en las empresas de energía hidráulica. Las represas que se construyen en la actualidad y las otras que aún están en la etapa de diseño se están construyendo para exportar energía por la Red Mesoamericana hacia el mercado de EE.UU.

PROFESOR DE LA UP E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.