La historia de los autos robados

El martes 3 de julio casi tengo un accidente leyendo mi columna favorita de El Universal; poco faltó para que me cayera de la silla. Como todos los días, muy temprano en la mañana leo los diarios de Panamá así como El Universal de Caracas, la página web de Globovisión y lo que resume La Patilla.com.

El interés se multiplica los martes y jueves, cuando aparece la documentada columna RUNRUNES de Nelson Bocaranda Sardi, a quien conocí en uno de mis constantes viajes a Caracas.

El comentario se refería a unos vehículos que se quemaron durante los incidentes ocurridos en la Embajada de Cuba en la capital venezolana localizada en Chuao en 2002, con motivo de lo ocurrido tras la renuncia al poder del presidente Chávez y su posterior regreso a Miraflores. Algunos desajustados le dieron fuego a los vehículos de la sede diplomática cubana y ésta, posteriormente solicitó —vía un proceso judicial ordinario, que ya lleva casi 10 años— que el costo de tales vehículos le fuera resarcido por el Estado venezolano. De acuerdo a toda lógica, según los convenios internacionales sobre la materia, es responsabilidad del Estado anfitrión proteger la integridad física y la propiedad de quienes están acreditados como diplomáticos, más aún cuando se trata de la misma sede o residencia de los representantes de ese país. Hasta allí todo iba bien.

Cuando casi sufro el referido percance fue cuando leí que los seis vehículos estacionados frente a la sede de Cuba, y que al momento del incendio causado por esos irresponsables y rencorosos anticubanos, no tenían placa que los identificara, resultaron ser vehículos robados: nada menos que en mi país, Panamá. Bocaranda —que tampoco lo puede saber todo— no explicó cómo esos vehículos llegaron adonde los cubanos ni mucho menos quién se los llevó. La Mitsubishi en Japón —a solicitud del diligente juez de la causa— confirmó que los vehículos objeto del reclamo judicial habían sido exportados a Panamá, no a Venezuela.

Sin esperar a la continuación de las investigaciones que sobre el caso haga Runrunes, hay muchas preguntas que quedan por absolver: ¿Cómo es posible que los cubanos no supieran que esos carros no tuvieran procedencia legítima? ¿Quiénes se los habrán llevado a la sede diplomática cubana para que fueran usados por el personal de esa Misión Diplomática?

Conocedor de lo relacionado a las reclamaciones de seguros, cuando se hace un reclamo se debe demostrar la legítima propiedad —no solo posesión— de lo que se reclama objeto del siniestro. ¿Cómo pudieron los cubanos sustentar que lo quemado era de su propiedad? ¿Les habrán expedido un certificado falso de propiedad? ¿Ha habido dolo de algún funcionario?

El caso es en extremo interesante, porque ahora sabemos que es Venezuela uno de los sitios donde terminan los tantos vehículos robados en mi país. Lo que nadie se hubiera podido imaginar es que los mismos terminaran en manos de una embajada.

Estoy seguro de que la diligente justicia venezolana ordenará de inmediato una revisión de los títulos de propiedad de los vehículos que tiene cada Misión Diplomática en Venezuela. Como van las cosas, no me extrañaría que mi amigo y colega, Pedro Pereira, embajador de Panamá en Caracas, esté usando un vehículo que fue robado y para reconclavar, sin saberlo, en Panamá.

EMBAJADOR DE PANAMÁ EN LA OEA.