La ANATI

Recientemente se publicitó mucho el caso de los pescadores de La Pacora, Coclé, en el cual estuvieron involucradas varias instituciones. La decisión final fue tomada por la ANATI, en el sentido de que se trata de tierras del Estado, inadjudicables, y que, por tanto, los pescadores pueden permanecer allí.

Respecto a esta decisión hago varios comentarios.

Primero: la ANATI, como organismo administrativo que es, y no judicial, no debe ser quien tome una decisión como esta. Igual es el caso, muy común, en que gobernadores, alcaldes y hasta representantes de corregimiento y otros funcionarios administrativos, toman decisiones sobre conflictos de inmuebles sin tener ni los conocimientos ni las herramientas necesarias para tan seria decisión y hasta llegan a expropiar terrenos a personas humildes con derechos posesorios y aún con título.

Al respecto, llevo siete años insistiendo en la enorme importancia de que sea creado un tribunal especializado en el tema inmobiliario, dependiente del Órgano Judicial, que se dedique exclusivamente a dilucidar la inmensa cantidad de pleitos pendiente, más los que a diario siguen y seguirán surgiendo cada vez más por el incremento de población, no solo en el aspecto de derechos de posesión y títulos de tierras, sino también de Propiedades Horizontales, contratos de promesa de compra venta, etc.

La ANATI, sí deberá trabajar muy ligadamente con este propuesto tribunal, en calidad de técnicos asesores, pero nunca asumir funciones judiciales.

Segundo: la decisión de ANATI, me parece, además, incongruente, pues a la vez que determina que es un terreno nacional inadjudicables, señala que los pescadores pueden permanecer allí, a sabiendas de que, según vimos en TV, ya han construido hasta casas de bloques; o sea, que ANATI estaría propiciando la ocupación ilegal, ahora por parte de intrusos, de terrenos nacionales inadjudicables, de playa, que, además tienen un altísimo valor turístico.

No tengo absolutamente nada en contra de tales pescadores, que tienen todo el derecho a utilizar estas playas y otras para sus quehaceres, pero sin que en él construyan viviendas permanentes. Por ello es que insisto en la creación de un Tribunal Inmobiliario que atienda todos estos problemas.

Tercero, la ANATI debería tener, en este caso sí, la función de supervisar, suspender o aplicar la sanción que correspondiera a tantos agrimensores estafadores que pululan impunemente pidiendo adelantos sobre planos y muchos de ellos nunca los llegan a realizar o los realizan con errores garrafales, pero retienen el abono, quedando el interesado casi en indefensión, pues nadie va a presentar un reclamo legal por doscientos o trescientos dólares. Y estos planos erróneos, anteriormente el Catastro, una vez aprobados, rehusaban corregirlos aún a sabiendas de que estaban totalmente incorrectos.

Porque ya estoy retirado, no sé si ANATI aún sigue la misma práctica del Catastro, pero, en todo caso, les debe corresponder esta función de supervisión, porque es a ellos a quienes llegan los tantos planos deficientes y están en capacidad de tomar medidas correctivas y protectoras.

Yo he sido, por más de cuarenta años, corredor de bienes raíces y desarrollador de urbanizaciones y parcelaciones y mi experiencia con muchos agrimensores —no todos, porque los hay muy serios— es, por decir lo menos: amarga.

Para terminar, debo insistir en el Tribunal Inmobiliario como una real e impostergable solución a los tantos problemas existentes en este aspecto.

EMPRESARIO.