Las tierras de la Zona Libre de Colón

Para Colón la historia se repite como espiral. Pareciera perseguirnos un destino fatal; destino de ‘mal agüero’ respecto a la propiedad de la tierra. Para la construcción del ferrocarril, de mediados de siglo XIX, la isla de manzanillo, hoy Colón, fue objeto de una transacción de compra y venta: mil dólares fue su precio. Desde entonces, la compañía ferroviaria tuvo control pleno de las tierras para especular y manipular el accionar de las actividades económicas de Colón.

Años después, ahora con la construcción del Canal, gran parte de las tierras aledañas a la urbe quedaron en posesión norteamericana, quienes además de imponer su política discriminatoria del ‘silver roll’, obstaculizaron toda posibilidad expansiva de Colón. La población quedó cercada. El resultado, por muchas décadas, fue el hacinamiento sumado el abandono en los planes de los diferentes gobiernos. La creación de la zona libre llegó a ser una luz en el camino difícil de los males sociales.

Hoy cuando se aprueba una Ley 72, para vender las tierras de la zona franca, incluidas áreas adyacentes que podrían extenderse a lo largo del corregimiento de Cristóbal, es justificada la lucha de los colonenses que ‘no se comen el cuento’ de que ello es para darle solución a los tantos problemas que tiene la provincia.

Para lograr el nefasto propósito, nefasto para las mayorías, pero de beneficios para unos pocos, el Legislativo y el Ejecutivo han hecho ‘perfecta’ combinación, aprobando en tiempo record la citada Ley. Los tres debates y la sanción presidencial se han resuelto a velocidad inusitada como para salir del paso a un asunto que es detonante imprevisible.

Para ello, truncaron las consultas a tan solo dos días, 11 y 15 de octubre. Las propuestas del Frente Amplio, organización que se opone al proyecto de venta, fueron desoídas totalmente. También han desoído el llamado de otros sectores a nivel nacional; menos caso le han hecho al sonar de pailas ni a las protestas callejeras. El mandato fue: aprobar la Ley.

La decisión de vender las tierras de zona libre es un acto de cuestionable legalidad, además de un atentado contra el patrimonio de Colón. El llamado a rectificar, en los primeros días (cuando eran tan solo rumores), fue hecho con sensatez, con la cordura del buen comportamiento. Si después las calles fueron tomadas, si los molestosos cierres se hicieron presentes, ello no es ajeno a la indiferencia y prepotencia gubernamental.

Ha sido la reacción al olímpico desprecio del presidente de la República al sancionar la Ley 72 a pocas horas del tercer debate y publicada, dos horas después, en Gaceta Oficial. E aquí el cambio prometido en tiempo de campaña; un cambio que ahora exhibe su verdadero contenido de ‘poco importa’ con lo que haga y diga la población.

Las jornadas de protestas han tenido un contenido inédito, con cierres de calles en casi todas las comunidades aledañas a la ciudad. La represión deja luto y dolor. Un niño, un inocente con derecho a la vida, muere de un disparo. Varios heridos están en los hospitales. Nada de esto debería estar ocurriendo sino es por la injusticia de quienes control el poder.

La sensatez dice de la necesidad de suspender, como se ha dado en otros casos, la ‘LEY ANTI-COLÓN’. Hay que encontrar otras medidas de manera que aparezcan los millones que supuestamente busca el gobierno para ayudar a Colón.

DOCENTE UNIVERSITARIO DE COLÓN.