La libertad y la transparencia

Las universidades forman parte de las instituciones sociales que juegan un papel vital en la transformación de un país. A los jóvenes que a ella asisten, los internaliza de conocimientos integrales, indispensable para la modernización y la democratización de la sociedad. En ella, se proporcionan los valores que aseguran la equidad y la participación en la solución de los problemas asociados con el desarrollo sustentable de la sociedad.

En las universidades, la libertad no solo implica el derecho a enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas; la libertad también implica el derecho a expresar sin temor su opinión sobre la institución y las normas con que se labora. Es el derecho a elegir y ser elegido a cualquier cargo de elección, sin temor a represalias. Toda persona en un centro de enseñanza superior deberá poder ejercer sus funciones sin sufrir discriminación alguna por partes de las autoridades.

La transparencia consiste en la creación de un ambiente que facilite el acceso a la información. En el caso de las universidades, la transparencia implica el derecho a evaluar y cuestionar las políticas universitarias, conocer el destino de su presupuesto y de los procesos de negociación y venta de su patrimonio. Es el acceso a los procesos de contratación de profesores y administrativos. La transparencia es el impulsor de la innovación, la investigación y de las buenas prácticas, en la medida en que permite que sus miembros tengan confianza en sus autoridades.

Hoy más que nunca, el país requiere de espacios y condiciones en donde las acciones de sus hombres y mujeres, sirvan de paradigmas al resto de los conciudadanos. Esta afirmación es esencial cuando se trata del papel de sus instituciones insignias como la Universidad de Panamá, en donde rescatar su misión de conciencia crítica y propositiva es tarea de todos.

En medio del poco edificante panorama electoral, la crisis institucional y los crecientes problemas sociales, lamentablemente la Universidad de Panamá está sumida en graves acusaciones penales contra sus autoridades; procesos disciplinarios contra docentes y encausamientos para destituir a autoridades electas que cuestionan a la administración.

Por el prestigio de nuestra Universidad construido a lo largo de siete décadas, estas acusaciones no deben ser tomadas a la ligera. Entre las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, por quien fue director de Asesoría Legal de la institución durante más de diez años, resalta la querella contra sus más altas autoridades, por la comisión de los delitos de: Abuso de Autoridad, Infracción de los deberes de los Servidores Públicos, Omisión en el cumplimiento de deberes, Extralimitación de Funciones, Asociación Ilícita, Falsedad Ideológica y Lesión al Patrimonio.

Ante la gravedad de tales denuncias, sin precedentes en nuestra historia institucional, en nombre de los universitarios y de las generaciones de egresados que han aportado a nuestro desarrollo y al perfeccionamiento de la identidad nacional, demandamos hacer públicos los resultados de las investigaciones imparciales, honestas e integrales sobre estas acusaciones.

Además, en un acto sin antecedentes, se le ha otorgado una cátedra de regular, a un docente que no concursó, mientras varios académicos, que legítimamente obtuvieron sus plazas por concursos, no reciben la continuidad de su condición de Tiempo Completo, porque no han sido dóciles a la administración.

La actual administración incumplió la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá durante varios años al no organizar la elección para ocupar el cargo de Defensor Universitario. Ahora resulta que a la defensora de los Universitarios, elegida por votación, se le ha acusado de excesos en el ejercicio de sus funciones y ha sido suspendida de su cargo. Es obligante señalar que este puesto, se debe ejercer con independencia y no subordinado a las autoridades.

La vigencia de las libertades democráticas y el derecho a discrepar es consustancial a la Universidad y merece su salvaguarda incondicional. De ahí que rechazamos toda actuación dirigida a utilizar procesos disciplinarios contra quienes optemos por asumir una opinión crítica ante las autoridades. Estos procesos no son propios de una universidad que se proclama democrática.

Cuando a un colega se le vulneran sus derechos y las garantías del debido proceso, los universitarios deberíamos seguir una máxima: ‘No siempre he compartido tus ideas, pero lucharé con todas mis capacidades para defender el derecho que tienes a manifestarte y a denunciar los actos de corrupción, sin miedos y sin amenazas y sin que por ello seas objeto de persecuciones’.

Cuando alguien denuncia un acto de posible corrupción, lo correcto es investigar la denuncia y no pasar a procesar disciplinariamente al denunciante, ni aludir a la trillada frase: ‘Esos son los enemigos de la Universidad, que forman parte de una conspiración infame’.

La Universidad de Panamá frente a las elecciones nacionales del 2014, debe servir de modelo al gobierno y a los partidos políticos en materia de: uso adecuado de los fondos públicos, investigación transparente de las denuncias de corrupción, defensa de las libertades de todos sus miembros, tolerancia, erradicación de la persecución y de los pases de facturas contra los que no los favorecieron con el voto, y estricto cumplimiento de las normas legales.

CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.