Absurdo e inhumano paro

Toda acción que vaya en la dirección de afectar, aunque sea mínimamente, al prójimo debe ser cuidadosamente observada. Existen sectores que, por la naturaleza de la labor que desarrollan, deben tener claridad de que su accionar, no es solo de su interés, sino que por extensión, lo es también de los asociados que son perjudicados cuando llegan a suspender el servicio.

Hay áreas que son muy sensibles, pues están relacionadas con aspectos delicados del ser humano: salud y educación.

Cada vez que se paralizan estos dos sectores, la sociedad pierde en su conjunto. Lo importante de todo está en balancear si esas acciones, en verdad, contribuyen a dar salud y educación a la población.

Los paros médicos y de educadores niegan en el fondo la profunda misión que deben cumplir a cabalidad y con pundonor. Pueden considerarse como un acto criminal, pues a nadie, absolutamente a nadie, se le puede, ni se le debe, vedar salud y educación. Ese es un derecho humano universal, que no puede ser conculcado por motivaciones de cualquier índole, incluyendo principalmente la política.

Los paros en salud y en educación, siempre han resultado antipáticos a la población. Y es que las justas reclamaciones, que puede haber en algunos casos, no deben conducir a la negación de esos legítimos derechos. Es obvio que es responsabilidad primaria de los rectores de la salud y de la educación garantizar un adecuado servicio y dar las óptimas condiciones para que los procesos en esas áreas se den de la mejor manera.

Ahora bien, la reciente paralización en educación primero y ahora en el sector salud, tienen un punto común, cual es la cacareada privatización de esos servicios. Cada vez más llego al convencimiento de que hay un proyecto político bien definido y con claras intenciones para la desestabilización. No encuentro proposiciones, serias alejadas de las demagogias que propongan soluciones a las falencias.

Por ejemplo, enfrentar la contratación de profesionales extranjeros de la salud, para atender esa carencia en el interior de la República, es un acto responsable del gobierno, que está obligado constitucionalmente a dar salud a los asociados. Rechazar la misma, no es cónsono con la solidaridad humana que debe prevalecer.

Desde luego, esto abre un interesante debate que pasa también por el tratamiento dispensado por los médicos al paciente, por su labor eficiente y puntual a sus labores, por el trabajo, también realizado en el sector privado, y, por supuesto, en algunos casos por las enfermeras, que ejercen en un mismo momento la docencia universitaria y la labor de enfermería, en una abierta dualidad de funciones y en una posible lesión patrimonial, que debe ser atendida por la Contraloría General de la República y por los organismos de salud a nivel nacional.

La sensatez debe siempre imperar, porque las contradicciones en los sectores de salud y de educación deben ser atendidas y resueltas en un ambiente sano, sin hostilidad; pues reiteramos, se trata de servicios sensibles, relacionados con la parte humana que deben ser permanentes y de manera ininterrumpida.

Y desde luego, no deja de tener una importante responsabilidad la parte gubernamental, obligada a que los derechos de salud y educación sean debidamente cumplidos a la población.

DOCENTE UNIVERSITARIO.