¡Alto a la represión!

¿Será posible que tras la celebración de los 500 años de genocidio en la ruta del Mar del Sur se continúen produciendo atropellos contra los pueblos originarios?

Mediante un comunicado, la ‘Organización por la Defensa de Las Aguas Termales de Galique’, ha denunciado que en el actual gobierno empresarial de Ricardo Martinelli se ha dado la detención arbitraria de indígenas ngäbe-bugles y extralimitación de funciones en favor de la empresa china ‘Playa Grande Resources’, sin que la alcaldía de San Félix, en la provincia de Chiriquí, ni las instituciones de justicia le pongan alto a esta situación.

Y es que en meses anteriores el representante del corregimiento de Juay, Nicomedes Sanjur, llegó con su vehículo al lugar donde se encuentran los mencionados pozos termales y con una serie de personas, desmanteló el hogar donde se refugiaban enfermos que buscaban curación y se llevó los materiales (hojas de zinc) con rumbo desconocido, dejando a los enfermos sin su lugar de hospedaje. Luego, con un grupo de personas y la seguridad privada de la empresa ‘Playa Grande’, con un tractor tumbó la iglesia, destruyeron la casa comunal, tumbó tres casas de concreto, construidos con fondos del FIS (Fondo de Inversión Social).

El asunto es desalojar a la fuerza a estos indígenas ngäbe-bugles de 20 hectáreas de tierras, donde se encuentran varias fuentes de aguas termales, utilizadas desde la época precolombina para curar enfermedades. La empresa pretende adueñarse de estos patrimonios sociales y construir un complejo turístico con habitaciones de lujo. El uso de las aguas termales de Galique siempre ha sido totalmente gratuito y el aporte es voluntario para su cuidado.

Pese a que no existe una resolución definitiva por parte de las instancias judiciales para otorgar los supuestos derechos de compra y venta de tierras, la ‘Organización por la Defensa de Las Aguas Termales de Galique’, denunció que la Policía irrumpió nuevamente en Galique y se llevó a varios detenidos de manera ilegal, sin orden judicial, y metieron presos a los señores Evelio y Florentino Rodríguez, los llevaron a Las Lajas, y luego los trasladaron a Tolé, para así impedir la atención humanitaria y legal que requieren, negándoles así el Habeas Corpus. Se encuentran todavía detenidos. Sin embargo, los responsables de tales atropellos están libres y abusando constantemente de su autoridad.

Opinamos que a estos indígenas ngäbe-bugles se les deben devolver las 20 hectáreas, tituladas y compradas de manera ilegal por la empresa ‘Playa Grande Resort’. Además, se debe respetar el uso social de las aguas termales de Galique, reponerles todos los daños cometidos contra la población, especialmente contra los enfermos, y se debe castigar con cárcel a los funcionarios que resulten responsables de estos atropellos y de la venta ilegal de este patrimonio social.

Las instituciones nacionales e internacionales vinculadas al tema de los Derechos Humanos, así como los organismos independientes y movimientos sociales, deben brindar toda la solidaridad y el apoyo a estos humildes ciudadanos ngäbe-bugles, que —como éstos— sufren injusticias por defender sus tierras y sus patrimonios sociales como lo son las aguas termales de Galique.

*EDUCADOR.