Proyecto de ley 177, la justicia oportuna

El enero pasado, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 177, una iniciativa que presenté con un propósito claro: evitar que la justicia siga llegando tarde. Esta reforma al Código Procesal Penal permitirá que los peritos sustenten sus informes de manera virtual cuando no puedan comparecer presencialmente, evitando suspensiones innecesarias de los juicios.

Como advirtió Séneca hace siglos, “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

En Panamá esa frase ya no es una advertencia filosófica, es una realidad que duele, que indigna y que marca a muchas víctimas de nuestro propio sistema.

Procesos que se suspenden no por falta de pruebas, no por ausencia de voluntad judicial, sino porque un perito no puede estar físicamente presente en una audiencia. Así, sin más. Como si el tiempo de las víctimas no importara.

La justicia debe ser oportuna, eficaz y accesible. No puede convertirse en un laberinto de excusas administrativas que prolongan el sufrimiento y erosionan la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Esta ley nació inspirada en un caso que estremeció a todo el país y especialmente en su momento me generó indignación y frustración, el de Lina Fabiola Rojas, la niña de apenas diez años asesinada y violada en Alanje en febrero de 2023. Su familia tuvo que esperar más de dos años para que el responsable recibiera sentencia, para que se hiciera justicia.

El retraso de su juicio sucedió por una decisión administrativa que, en septiembre de 2023, impidió que una perito declarara de forma virtual. Esa negativa obligó a suspender el juicio y generó un retraso procesal injustificable, prolongando innecesariamente el dolor de una familia que ya había perdido lo más valioso, la vida de su hija.

Este no es un hecho aislado. Es el reflejo de un problema estructural del sistema de justicia panameño. Una falla crónica que atraviesa todas las jurisdicciones y vulnera un derecho fundamental, el acceso a una justicia eficiente y oportuna.

Impedir el uso de herramientas tecnológicas disponibles no solo es anacrónico; es profundamente injusto.

Panamá necesita un sistema de justicia imparcial y objetivo, pero sobre todo oportuno. Un sistema que entienda que detrás de cada expediente hay personas, familias y vidas que no pueden quedar atrapadas en la lentitud del aparato judicial.

Por ello, la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 177, que modifica el artículo 413 del Código Procesal Penal, no es un detalle técnico ni un capricho legislativo.

Es una respuesta concreta a una injusticia real. Es, sobre todo, un acto de humanidad que busca garantizar justicia a los ciudadanos que han sido víctimas de delitos de sangre, crímenes que dejan una huella imborrable y cuyas familias solo esperan una sentencia para intentar recomponer sus vidas tras una pérdida irreparable.

Por Lina, por todos los panameños y por las familias que merecen una justicia verdaderamente ciega, pero también oportuna; una justicia que llegue a tiempo, que resuelva y que sentencie. Para ellos nació este proyecto y por ellos esperamos que, en los próximos días, se convierta en una nueva ley de la República.