Laura Fernández, la heredera de Chaves

San José cerró el ciclo electoral con una señal política nítida: la continuidad se abrió paso en las urnas. La politóloga Laura Fernández fue declarada ganadora de la presidencia en primera vuelta, según resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones citados por agencias y medios internacionales, al superar el umbral requerido para evitar balotaje. En una contienda con una oferta fragmentada de candidaturas, su victoria se interpretó como un respaldo al estilo confrontativo y a la agenda de reformas del gobierno saliente, en un país donde la inseguridad y el desgaste institucional dominaron el debate público.

Fernández llega al poder como el rostro más reconocible del proyecto político del presidente saliente Rodrigo Chaves: fue ministra y figura central del Ejecutivo, y durante la campaña se presentó como garante de que “el cambio” iniciado no quedaría a medias. Con el conteo preliminar avanzado, su principal rival —el economista Álvaro Ramos— reconoció el resultado, mientras el oficialismo celebraba lo que llamó un “mandato claro” para reordenar prioridades de seguridad, eficiencia estatal y gobernabilidad.

A los 39 años, Fernández se convierte en una de las figuras más jóvenes en llegar a la jefatura del Estado en Costa Rica y en la segunda mujer en alcanzar la presidencia en la historia reciente del país, después de Laura Chinchilla. Su perfil combina formación política, experiencia de alto gobierno y una narrativa de orden que conectó con un electorado golpeado por el aumento del crimen y la percepción de deterioro institucional.

Durante la campaña, su propuesta se apoyó en un discurso de “reformas profundas” y en una agenda de seguridad de tono duro, inspirada —según reportes— en modelos regionales de mano firme. También colocó en el centro la idea de reestructurar el Estado, con énfasis en el Poder Judicial y en cambios institucionales que, de concretarse, requerirían acuerdos legislativos y, en algunos casos, reformas constitucionales.

En su mensaje de victoria, la presidenta electa habló de inaugurar una “tercera república” y de impulsar un “cambio profundo e irreversible”, fórmula que se convirtió en el lema político de la noche electoral y que, al mismo tiempo, encendió alertas en sectores que temen una concentración de poder.

Aunque Costa Rica ha mostrado una fuerte tendencia a la alternancia y a castigar al oficialismo cuando el gobierno llega debilitado al tramo final, la continuidad partidaria no es inédita. Un antecedente claro fue 2018, cuando el Partido Acción Ciudadana retuvo la presidencia con Carlos Alvarado, tras el gobierno de Luis Guillermo Solís—un hecho analizado como una “inesperada continuidad” en la literatura académica sobre el sistema electoral costarricense.

Más allá de casos puntuales, estudios de la Universidad de Costa Rica han documentado que el voto suele penalizar al candidato oficialista cuando la aprobación presidencial es baja, lo que ayuda a explicar por qué la continuidad no es la norma. En este proceso, el oficialismo logró romper esa lógica gracias a una combinación de popularidad del gobierno saliente, foco en seguridad y una oposición que no consiguió unificar el voto anti-oficialista.

La frase se volvió un atajo interpretativo por una razón simple: múltiples medios y agencias la describen como la sucesora seleccionada por el círculo del presidente saliente y una pieza clave de su administración, lo que alimentó la idea de que su candidatura fue diseñada para preservar el proyecto en el poder.

Ahora bien, que haya sido la apuesta del mandatario no significa automáticamente subordinación total. Ese será, de hecho, uno de los dilemas estratégicos de su presidencia: consolidar una identidad propia sin romper con la base política que la llevó a Zapote. Reuters recoge que críticos la califican de “títere” del presidente saliente, mientras aliados sostienen que gobernará con autonomía pero alineada a una visión compartida. En otras palabras: la etiqueta de “elegida” es consistente con su trayectoria gubernamental y con el respaldo explícito recibido, pero el grado de influencia real se medirá en decisiones, nombramientos y capacidad para construir mayorías.

Entre las líneas programáticas más destacadas, Fernández defendió una estrategia de seguridad más agresiva, incluyendo medidas extraordinarias en territorios de alta criminalidad y el fortalecimiento del sistema penitenciario, según reportes internacionales. En el plano institucional, ha planteado reformas al Poder Judicial y cambios de calado que podrían exigir acuerdos políticos amplios.

El desafío inmediato no será solo “qué” quiere cambiar, sino “cómo” hacerlo en una democracia con contrapesos. Su partido, de acuerdo con reportes de prensa, obtuvo una bancada relevante pero insuficiente para reformas constitucionales sin negociar con otras fuerzas, lo que anticipa una presidencia de tensión entre ambición reformista y aritmética parlamentaria.

La victoria activó un carrusel de felicitaciones regionales. Medios reportaron mensajes de líderes y gobiernos que subrayaron expectativas de cooperación, estabilidad y agenda común en temas como seguridad y economía.

En Panamá, el presidente José Raúl Mulino felicitó públicamente a Fernández y la invitó a seguir trabajando “juntos”, con énfasis en fortalecer la relación bilateral. La felicitación fue divulgada por medios panameños y despachos informativos que citaron su mensaje en redes sociales. El gesto coloca desde el inicio un tono pragmático: coordinación entre vecinos en una región donde seguridad, migración y economía exigen respuestas coordinadas, incluso entre gobiernos de estilos distintos.