¿Existe la libre postulación?

S egún el artículo 138 (antes 132) de la Constitución Política los partidos políticos, se supone, ‘expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política, sin perjuicio de la postulación libre en la forma prevista en esta Constitución y la Ley’.

Tergiversando la intencionalidad de la norma anterior y el reconocimiento que se hace a los partidos políticos, por supuestamente cumplir fines que en realidad nunca han cumplido, éstos y el Tribunal Electoral (TE), deliberada y planificadamente, instituyeron un monopolio de las postulaciones a los cargos de elección popular, que tuvo su mejor ejemplo en la introducción de dos normas, una de nivel constitucional y otra con rango legal. La primera fue el numeral 7 del Artículo 141 (número anterior) de la Constitución, que disponía que solo los partidos políticos podían postular candidatos a legislador; la segunda, fue el aberrante artículo 233 (antes 205) del Código Electoral, que a la letra decía: ‘Solo pueden postular candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, los partidos legalmente reconocidos’.

Tanto el monopolio sobre las postulaciones a legisladores o diputados como el de las postulaciones para presidente desaparecieron. El primero, mediante una reforma constitucional; el segundo, por virtud de un fallo de la Corte Suprema, que lo declaró inconstitucional, tardíamente, pero que, de hecho, impidió que para las elecciones del 2009 pudieran presentarse candidatos independientes para la Presidencia.

El fallo que eliminó el artículo 233 se produjo apenas pasadas las elecciones del 2009; sin embargo, del Tribunal nunca nació una iniciativa y tampoco la propiciaron los partidos para que, luego de declarada la inconstitucionalidad de esa norma absurda, de manera inmediata y consecuente, como era obligatorio, se reglamentara la libre postulación para la Presidencia de la República. Por el contrario, el TE y los partidos políticos, en vergonzoso contubernio, obstaculizaron, tanto como pudieron, las candidaturas independientes, que solo se reglamentaron, pero con leoninas ventajas para los partidos y patentes desventajas para los independientes, en septiembre de 2012, mediante la Ley 54.

Los partidos pueden seguir ocultando sus fuentes de financiamiento y encima son premiados con 70 millones de balboas con los inmorales e inconstitucionales subsidios electorales. Así, por ejemplo, un partido político, no importa que cuente con solo 24 mil adherentes, tiene derecho a recibir cuatro millones y medio de subsidio preelectoral; en cambio un candidato independiente que recoja 50 mil firmas de respaldo solo recibiría 25 mil balboas. Bastaría con ese ejemplo, pero agrego otro: los partidos pueden inscribir adherentes durante los cinco años entre elección y elección; los candidatos independientes en períodos restringidos y encima deben asumir gastos que debieran ser cubiertos por el TE.

Quienes defendemos el derecho a ser candidatos independientes sabemos, por experiencia comprobada, que la receptividad a nuestros empeños no tiene cabida en la mente de los triunviros electorales, quienes de manera rampante dan la espalda al millón de ciudadanos y ciudadanas que no pertenecemos a partidos y que sumados somos más que los inscritos en los dos partidos con más adherentes.

Pero, además, en Panamá, igualmente con el contubernio del Tribunal y los partidos, se le ha dado la espalda a compromisos plasmados en tratados internacionales, de los que somos Estado-Parte, como es el caso de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que expresamente prohíbe a las legislaciones nacionales establecer requisitos o agregar obstáculos que impidan el derecho a elegir y ser elegidos.

Conscientemente, como aspirante a una candidatura presidencial independiente, decidí suspender la recolección de firmas de apoyo y retar al sistema presentando mi solicitud a ser reconocido como candidato y a figurar en la papeleta presidencial para el 2014. Eso lo habré hecho cuando este artículo aparezca publicado. En derecho, me asiste la razón y así lo demostraré, para bien del futuro de nuestra democracia.

PRECANDIDATO PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE.