Ante la compleja situación social y política que atraviesa nuestro país la Conferencia Episcopal Panameña, el Comité Ecuménico y el Comité Interreligioso,...

- 23/05/2025 12:17
En Panamá, el estado de emergencia es una medida administrativa que permite al Gobierno responder de forma rápida ante situaciones extraordinarias que amenazan la seguridad, la salud pública o el bienestar general de la población.
Aunque no está expresamente definido en la Constitución, su uso siempre ha estado regulado principalmente por decretos ejecutivos a través del Consejo de Gabinete.
Cuando se declara un estado de emergencia, el Ejecutivo puede:
- Realizar contrataciones directas sin necesidad de licitaciones públicas.
- Movilizar recursos institucionales y financieros de manera inmediata.
- Coordinar acciones interinstitucionales para atender la crisis.
- Imponer restricciones de movilidad o reunión si la situación lo requiere.
Aplicaciones recientes del estado de emergencia en Panamá (2020–2025)
1. Pandemia de COVID-19
Fecha de decreto: 13 de marzo de 2020
Motivo: Emergencia sanitaria global por la COVID-19
Acciones: Se flexibilizaron contrataciones públicas, se establecieron restricciones de movilidad y se tomaron medidas económicas y sociales excepcionales.
Levantamiento oficial: 23 de julio de 2024
2. Emergencia ambiental por sequía (El Niño)
Fecha de decreto: 30 de mayo de 2023
Motivo: Prolongada sequía en todo el país provocada por el fenómeno de El Niño
Acciones: Apoyo al sector agropecuario, aseguramiento del suministro de agua potable y medidas de mitigación ambiental.
Duración: Hasta el 31 de mayo de 2024
3. Inundaciones y desastres naturales
Fecha de decreto: 14 de noviembre de 2024
Motivo: Fuertes lluvias e inundaciones que afectaron diversas zonas del país
Acciones: Se aprobaron hasta B/.100 millones en contrataciones especiales para la reparación de infraestructuras y atención a damnificados.
Fecha límite: 15 de enero de 2025
Estas declaraciones han sido herramientas clave para que el Estado panameño pueda actuar con rapidez ante emergencias, aunque también han sido objeto de debate público por los riesgos de opacidad y abuso en el uso de fondos públicos.