1968: elecciones surrealistas y un golpe de Estado

En el año 1968 la prensa estadounidense se burlaba abiertamente del pequeño istmo de Panamá, destacando su condición de república bananera y la escasa seriedad de sus instituciones.

Todavía podía hacerlo. Para entonces no había salido a la luz el escándalo Watergate ni las controvertidas elecciones de 2000. Estados Unidos parecía ante los ojos del mundo un país serio del primer mundo y Panamá era, para los analistas del norte, el clásico libro de texto de una democracia en peligro.

En enero de 1968, un cable de AP, de la autoría de Robert Berrelez, describía el país, en pleno proceso eleccionario, como “la capital de la intriga internacional”, de la “traición y la doble traición”. Se especulaba que las elecciones que se realizarían el 12 de mayo de 1968 tendrían “coloridas secuelas”, y que se esperaba “un drama político típico de una película B”.

“Arnulfo Arias va a ganar las elecciones y lo van a derrocar como lo han hecho dos veces antes”, preveía Berrelez, según el cual, el expresidente “debía temer más a sus aliados políticos que a sus viejos enemigos”.

El periodista de AP no estaba equivocado. La campaña política de 1968 se daba en un ambiente de desconfianza e intimidación. Había tres candidatos –el ingeniero David Samudio (Alianza del Pueblo) y los doctores Arnulfo Arias (Unión Nacional) y Antonio González Revilla (Democracia Cristiana)–, pero el verdadero duelo ocurriría entre los dos primeros. González Revilla, un neurocirujano de prestigio internacional, apenas emergía en las lides políticas y su partido era minoritario.

Entre Samudio y Arias, las apuestas se inclinaban por Arias que, como siempre, era respaldado por las masas populares.

Samudio, el candidato elegido por el presidente Robles (1964-1968) como su sucesor, llegaba a las elecciones con una alianza debilitada y desprestigiada. Cuatro de los partidos que habían gobernado entre 1964 y 1968 (Partidos Republicano, Coalición Patriótica Nacional, Tercer Partido Nacionalista y Acción Democrática), lo habían abandonado para irse con Arias.

Para los partidos de la vieja oligarquía criolla, el exministro de Hacienda, impuesto por Robles, era un “reformista radical” y un yes man de la Alianza para el Progreso. Como ministro, había puesto fin a la evasión fiscal, produciendo en 1967 un aumento de la recaudación de $16 millones, en un país donde era conocido el hecho de que “los ricos no pagaban impuestos”.

Aún contaba la Alianza del Pueblo con cuatro partidos: Liberal, Progresista, Laborista Agrario y el Movimiento de Liberación Nacional. Sin embargo, la mayor fortaleza de su candidatura parecía ser el apoyo irrestricto de Marco Robles y la fuerza de la maquinaria de gobierno.

El destino de Arias era claro para la prensa estadounidense a la luz de su colorido pasado: un golpe de Estado armado en 1931; una repudiada Constitución que establecía “razas de inmigración prohibida” y despojaba de la nacionalidad a miles de panameños; su derrocamiento en 1941 por viajar sin permiso a Cuba; sus múltiples encarcelamientos, su nuevo intento de modificar la Constitución en 1951 y su derrocamiento sangriento ese mismo año.

Arias había sido baleado, detenido, depuesto, exiliado, despojado de su ciudadanía, pero de alguna manera había logrado recuperarse para ponerse nuevamente de pie.

Un viejo chiste político de 1968 contaba que uno de los viejos enemigos y ahora aliado de Arias, preguntaba a otro: “¿Crees que Arnulfo ha cambiado?”, y la respuesta: “¡Qué va, los que hemos cambiado somos nosotros!”.

Arnulfo Arias seguía siendo el mismo en algunos aspectos. Conservaba su habilidad para atraer a la gente ordinaria, que lo idolatraba y llevaba su foto en el bolsillo, se enorgullecía de haber estrechado su mano o simplemente haberlo visto de cerca. En otros aspectos, se había acomodado a los tiempos, volviéndose más pro americano y dejando la retórica racial de los 40.

Con los cuatro partidos que lo apoyaban, más el Partido Panameñista, la Unión Nacional de Arias acaparaba el 75% de los votos emitidos en 1964.

El periodo de campaña, entre diciembre de 1967 y mayo de 1968, estuvo cargado de esos eventos que tanto gustaban a la prensa extranjera, que destacaba las “eternas revoluciones” de los países latinoamericanos y las comparaba con una “comedia de enredos”.

Faltando menos de dos meses para las elecciones del 12 de mayo, los diputados de la Asamblea Nacional tenían todas las pruebas de que Robles estaba utilizando las instituciones del gobierno para favorecer a su candidato: Comunicados de prensa en papel membrete oficial daban respaldo al candidato del partido gobernante; ejemplares de la Gaceta Oficial mostraban masivas destituciones de opositores y nombramientos de simpatizantes para los puestos públicos; la disminución inexplicable del presupuesto del Tribunal Electoral.

La Asamblea decidió enjuiciar al presidente Robles, y el 24 de marzo la mayoría de los diputados votó a favor de destituirlo y nombrar a su vicepresidente Max Delvalle en su lugar, como garantía de unas elecciones limpias. El presidente no aceptó la destitución y puso una denuncia en la Corte Suprema de Justicia. Casualmente, los magistrados estaban de vacaciones y la decisión tuvo que esperar.

Durante 15 días, el país tuvo dos presidentes hasta que, el 5 de abril, la Corte emitió su fallo: Los diputados tenían potestad constitucional para enjuiciar al Ejecutivo, pero la Asamblea había incurrido en faltas de procedimiento. El juicio contra el presidente era inválido.

Para rematar el ambiente de farsa, saldría pocos días después a escena la bailarina Margot Fonteyn, una de las organizadoras del fallido intento de invasión de mercenarios cubanos en 1959, quien en esta ocasión confesaba haber contratado a cuatro sicarios británicos para secuestrar al comandante de la Guardia Nacional, Bolívar Vallarino. El plan quedó en nada, pero los sicarios fueron apresados.

Mientras tanto, el presidente Robles rechazaba la presencia de observadores de la OEA para las elecciones, y el candidato de oposición Arnulfo Arias era objeto de un tiroteo mientras hacía campaña en una canoa en un caudaloso río de Darién. Por fortuna salió ileso.

El día de las elecciones, el ambiente era turbio. En enfrentamientos entre las dos principales alianzas, murieron tres personas y 25 fueron heridas. El 13 de mayo, dos personas más fallecieron en un ataque contra la arnulfista Radio Soberana, dirigido por Rigoberto Paredes, candidato a diputado por la Alianza del Pueblo.

En los días siguientes, ambas coaliciones reclamaban el triunfo, pero el Tribunal Electoral, después de contabilizar el 40% de los votos, anunció que Samudio iba adelante en el conteo.

Después de esa declaración, el Tribunal no dio señales de vida en los próximos diez días. Los observadores aseguraban que el partido en el poder trataba de robar los votos y evitar que Arias llegara a la presidencia. Incluso, se aseguraba que el comandante de la Guardia Nacional, Bolívar Vallarino, un viejo enemigo de Arias, “nunca permitiría” que este fuera nombrado ganador de la contienda.

Un hecho inesperado cambió la situación. El 23 de mayo, Arias invitó al comandante Vallarino a reunirse. Supuestamente, le prometió que no tomaría represalias en su contra ni contra la Guardia Nacional en caso de resultar elegido.

Al salir de la reunión, Vallarino emitió un comunicado oficial: “El instituto armado aceptará la decisión que determinen los organismos competentes” y “reconocerá el triunfo del candidato que este decida”.

Como parte de los arreglos, Vallarino apoyó un cambio en el Comité Nacional de Elecciones. El presidente del comité, David Amado, de la Alianza del Pueblo, fue obligado a renunciar y fue reemplazado por Octavio Tribaldos, de Unión Nacional.

El 27 de mayo, con Tribaldos a cargo, y bajo la vigilancia de la policía, se inició nuevamente el conteo. El jueves 30, Arnulfo Arias fue declarado vencedor por un margen de 41,545 votos.

El 1 de octubre, el médico graduado en Harvard, de 67 años de edad, dos veces presidente y dos veces derrocado, tomó posesión como presidente de la República, tras lo cual fue homenajeado con el más fastuoso desfile militar del que se tuviera memoria.

Once días después, con Vallarino ya retirado, el presidente huía a la Zona del Canal con sus ministros, tras sufrir el primer golpe militar de la historia del país. Era la tercera vez en tres décadas que era depuesto por el cuerpo policivo.