Rafael Araya: Israel busca dejar Gaza como tierra arrasada, no quiere que Palestina exista

Este viernes arrancaron las primeras intervenciones terrestres de Israel en la franja de Gaza, luego de una semana de escalamiento militar tras el ataque con misiles de las milicias palestinas de Hamás.

Dentro y fuera de Palestina hay extrema preocupación por la vida de los civiles sometidos desde el sábado pasado a un intenso bombardeo por Tel Aviv, que previamente cortó el suministro de agua, electricidad y combustible a la gente en la franja.

“Aviones de $150 millones dejan caer bombas de $1 millón sobre población que vive con menos de $2 al día, ese es el drama. Volver a dejar Gaza como tierra arrasada donde ya la ONU lo ha declarado como territorio no apto para la vida humana. Las aguas están contaminadas porque Israel destruyó las plantas de tratamiento de aguas servidas y de generación de energía, y no llegan bienes de primera necesidad. Es una cárcel a cielo abierto..., denunció este viernes Rafael Araya Masry, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe (Coplac).

El periodista palestino-chileno, también miembro del Consejo Nacional Palestino, habló para “Portada” de La Estrella de Panamá sobre la postura Palestina en una guerra que a la fecha ha dejado alrededor de 1.900 palestinos muertos y 1.300 israelíes; además de miles de heridos en ambos bandos.

En cuanto a las muertes civiles israelíes en la incursión de Hamás, este repudió la toma de rehenes. “Lamento que se haya afectado a la población civil, las guerras tienen sus propias normas, un acto de resistencia palestina no puede ser ensuciada por la toma de rehenes civiles”, dijo.

Sin embargo, rechazó que a la causa palestina se la tache de terrorista y enfatizó que al pueblo le acompaña el legítimo derecho a la resistencia frente a la “ocupación israelí”. Remarcó que este último escalamiento no debe verse como “violencia normalizada”, sino una consecuencia del “régimen colonial sionista” impuesto sobre los territorios palestinos, que a su vez se enmarca en una manifiesta falta de voluntad de Israel de no permitir un Estado palestino.

Araya explicó que los sectores más extremos en Israel siempre han buscado “boicotear” una salida pacífica al conflicto, recordando el asesinato del exprimer ministro israelí Issac Rabin –por un extremista sionista– tras su apoyo al acuerdo para la solución de dos Estados: uno israelí y otro palestino.

“Ellos tienen una premisa fundacional de decir que quieren la mayor cantidad de tierra posible con la menor cantidad de habitantes originarios posibles. Eso comenzó en 1948 con la nakba –catástrofe en árabe–. La expulsión de casi 800.000 personas, cuando allí vivían poco más de un millón”, sostuvo.

A partir de entonces, apunta Araya, tuvo lugar un proceso de colonización y “ocupación ilegal” que persiste hasta hoy con los asentamientos en Cisjordania y Gaza, donde los palestinos viven segregados y carentes de derechos. Esa situación, subrayó, es parte de las raíces del conflicto.

Indicó además que tras la aprobación en 2018 de la Ley del Estado-nación del pueblo judío, se “estableció una supremacía entre lo judío y no judío” lo que en la práctica sería un “modelo de apartheid”, un tipo de segregación considerada como un delito por el derecho internacional.

“Un palestino es sometido a un tribunal militar y un colono israelí ante tribunales civiles, son dos sistemas de justicia y hay carreteras solo para israelíes. Existen cientos de niños menores de 16 años que están presos en las cárceles israelíes”, denunció.

Araya sostuvo que lo anterior no solo ha sido denunciado por la ONU, la onenegé Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así la organización israelí Breking The Silence, que aglutina a exsoldados israelíes que rechazan los abusos de derechos humanos de su gobierno contra los palestinos.