Consejo Académico de la UP expulsa por 5 años a Miguel A. Bernal

  • 11/03/2015 15:47
El secretario General de la UP, Miguel Ángel Candanedo aseguró que Bernal tiene el derecho de presentar los recursos de reconsideración

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) decidió expulsar por cinco años al profesor de la Facultad de Derecho, Miguel Antonio Bernal.

El Secretario General de la UP, Miguel Ángel Candanedo manifestó a La Estrella de Panamá que a partir del día de hoy Miguel Antonio Bernal ya no es profesor de la UP y que su expulsión es por cinco años, sin derecho a salario.

De acuerdo al Secretario General de la casa de estudios superiores la separación del profesor Bernal es por diversas faltas que se cometieron, posteriormente el expediente se publicará para conocimiento público.

Candanedo aseguró que Bernal tiene el derecho de presentar los recursos de reconsideración y de acudir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ante la decisión del Consejo Académico reacciona el abogado Miguel Antonio Bernal y en su cuenta de Twitter escribió:" Un acto de cobardía y bajeza de un Consejo Académico sumiso e indigno. No me callarán, ni me amedrentarán, al contrario me dan fuerzas".

Bernal recalcó en la red social: "El rector García de Paredes afirma contar con  apoyo de magistrado Victor Benavides y otros magistrados para legalizar la arbitraria decisión".

Pronunciamiento de la Alianza Ciudadana Pro-Justicia sobre la situación de la UP

En un comunicado la Alianza Ciudadana Pro-Justicia reitera que se ha seguido un proceso sin garantías y se sigue contra Miguel Antonio Bernal y sobre la expulsión/separación indefinida, de otros profesores como Anayansi Turner y Vicente Archibold.

"Estos procesos violatorios de garantías fundamentales son vistos desde fuera de la universidad como actos de persecución en contra de los que adversan la administración del Rector Gustavo García de Paredes", dice el comunicado.

Recalcan que es importante que el Consejo General Universitario analice la situación y tomen medidas que eviten que la autonomía universitaria pueda ser utilizada para no aplicar fallos de las instituciones de justicia o para encubrir actos de corrupción.

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