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- 24/05/2010 02:00
Para el ex director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), el abogado Jaime Abad, los indultos presidenciales recientemente aprobados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deben ser declarados inconstitucionales. “Como sociedad debemos buscar un mecanismo para proteger a los compañeros que defienden la vida de todos, pero con esto le metieron un gol de medio campo al Presidente”.
Recordó que hace algunos meses el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, dio la orden a los policías para que dispararan, “y a matar”. En este sentido, según Abad debemos implementar la cultura de la legalidad, sólo que cómo lo vamos a hacer si dentro de los humildes esfuerzos de decenas de panameños para contar con un abogado que maneje los procesos legales se les dice de repente que ya no hay nada más que hacer porque “no hay segundo round”. El abogado consideró inadmisible que estas cosas ocurran, porque el mensaje que se envía es negativo y desalentador para los familiares de las víctimas. Además podría establecerse un principio de “gatillo alegre” por parte de quienes están llamados a cuidar a la población.
“El mensaje enviado es fatal”, insistió, sobre todo porque ya se han tomado iniciativas legislativas para proteger a los policías que se juegan la vida para proteger a la población de los delincuentes. Sin embargo se podrían hacer más cosas, como por ejemplo que los policías pudiesen continuar haciendo trabajos administrativos y devengando un salario mientras se dilucidan las responsabilidades. Además se pueden establecer procesos sumarísimos donde se puedan abreviar los procesos a su máxima expresión, pero que se llegue a decisiones jurídicas, no políticas, porque reiteró la necesidad de que exista y se perciba la certeza de la legalidad y la justicia para las víctimas y los familiares de las víctimas.
Agregó, duranrte su participación en Debate Abierto Dominical, que el concepto de la segregación es vital para afrontar el problema de la delincuencia, pues si bien cree en los derechos humanos de víctimas y victimarios, la correcta aplicación de los mismos debe implicar que los homicidas estén al final de la fila.
Si hay seres humanos que no respetan la vida, no merecen estar entre los que sí defienden el derecho a la misma, por eso para Abad quienes matan o salen con un arma dispuestos a matar o ser asesinados, no son reasocializables y deben ser segregados.
“Una vez que se les identifica hay que segregarlos aplicándoles penas de 30 años para arriba, pero condenándolos a pasar su vida en lugares que no sean mazmorras".
Como sociedad debemos mirar que el fin de la pena debe ser segregarlos más que resocializarlos…” Los panameños decentes merecemos seguridad pero sobre todo “la certeza de que el merece castigo va a estar guardado bajo la sombra per secula seculorum”.