¡Agua y peaje, las últimas estacas del colonialismo!

Y algunos pensamos –y de seguro lo hizo Rubén Souza, a quien por primera vez le escuché esta revolucionaria tesis hace casi cuarenta años cuando era el secretario general del Partido del Pueblo– que finalmente un alto directivo de la ACP tenía la valentía para completar la tarea de descolonizar la fórmula del cálculo del peaje por el tránsito del Canal a esclusas, tesis por la cual el dirigente comunista afirmaba que el único insumo industrial que lo hacía viable y competitivo –el agua cruda dulce– tendría algún día que ser incorporado a la fórmula como un bien de altísimo valor económico que exigía ser compensado en sí mismo, por sí mismo, siempre y en toda circunstancia.

Bajo la administración de EE.UU., el desconocimiento del valor del agua cruda en el cálculo del peaje y en el proceso industrial de pasar barcos de un océano al otro era, por así decir, natural: su relación con Panamá era una de despojo colonial. Incorporaba sí al cálculo del peaje, para amortizarlo y retribuirlo, el capital invertido, el costo del paraíso zoneíta en el cual todo, incluidos los costos de las bases militares, era cargado al presupuesto del Canal, los salarios astronómicos que crearon una casta de asalariados y directivos que aún perdura, el valor de las infraestructuras para mover los navíos, y para almacenar y trasvasar el agua cruda dulce. Pero hasta allí.

Luego de 20 años y a pesar de este anuncio, Panamá sigue desconociendo el valor del agua cruda en la operación del Canal. Todo parece indicar que el cobro anunciado por el administrador, es todavía instrumental, es decir, un simple mecanismo –temporal además– para financiar las infraestructuras necesarias para paliar su disponibilidad insuficiente, que no su escasez, mito tóxico con el que se pretende justificar la increíble propuesta de 'comprar' la concesión de Bayano a una transnacional que no invirtió un centavo para construirla, que no ha pagado jamás un centavo por metro cúbico de agua transformada en kilovatios, y que de paso, como parte de un arreglo interempresarial que viola la Constitución acordado a finales del siglo pasado, cobra su kilovatio al precio del generador más ineficiente y realiza así una utilidad oligopólica grosera ¡porque la inversión está superamortizada!

Y ya lo advirtió el administrador general, desafortunadamente con un tono que sonó más a amenaza que a propuesta sesuda: si no cobramos por el agua para financiar las infraestructuras para almacenarla y trasvasarla, no habrá excedente para los accionistas –los ciudadanos panameños– porque lo usaremos para tal propósito.

Por lo tanto, semanas después del anuncio, sigo –y me imagino que Rubén también– esperando que se incorpore el agua cruda como un insumo en sí mismo en el peaje. Y creo que, en parte, el retardo es porque sufrimos de un extraño shock postraumático: Omar Torrijos nos quitó el dogal, pero seguimos nariceados por el amo ausente. O quizás en parte, porque no queremos entender lo que acaban de confesar los rock-stars de Davos: ¡Quieren acaparar toda el agua del mundo, porque vale y valdrá cada vez más!

En 2015, el BM estimó que Panamá seguía teniendo la mayor precipitación de agua cruda de toda Mesoamérica, que para ese año fue de 234 mil millones metros cúbicos. Si calculáramos a 10 centésimos el m3 (precio promedio mundial), su valor sería de $23,400 millones (36% PIB 2018), valor que nadie paga, aunque sacan mucho provecho de ella.

El Idaan, la cenicienta, potabiliza anualmente 390 millones de m3, vende a 25 centésimos el m3 (mil litros) y recibe $97 millones. ¿Y las hidroeléctricas? El plan nacional de seguridad hídrica 2015-2050 calcula que transforman en electricidad 27,579 millones de m3 de agua cruda, que a 10 centavos por m3, equivaldría a $2,757 millones al año... de los cuales, al mejor estilo colonial, nos cobran cada kilovatio, pero no pagan al Estado por un solo litro de un recurso natural que, según la Constitución –que algunos quieren patear– es propiedad inalienable e imprescriptible de la nación.

¿Y el Canal? Procesa anualmente, según el PNSH, 2,274 millones de m3 de agua cruda, pero se estima que en pocos años más requerirá unos 500-700 millones de m3 adicionales. ¡Si los capturara en cuencas fuera de su área de administración, digamos a 44 centavos por m3 (valor del que parten los especuladores hídricos de Davos) debería pagar $100 millones anuales a los habitantes, por ejemplo, de una potencial mancomunidad intermunicipal de los recursos hídricos del Caribe occidental (Donoso, Omar Torrijos, Santa Fe, El Valle y La Pintada), cosa que ni por asomo se propone.

¿Y las embotelladoras de agua? Si compran al Idaan a 0.00025 de centavo el litro y lo filtran, embotellan y venden a 0.32475 de centavo, el ingreso sería de $324,75 por cada millar de litros, negocio que revela una utilidad tan obscena que repugna calcularla.

Al escuchar la declaración, me sentí tentando de celebrar que el novel administrador general cumpliría la promesa que había hecho al general Torrijos, cuando su madre le llevó a Farallón para presentarle a su entrañable compañero de lucha de la Normal de Santiago.

Pensé que Catín, a la cabeza de la ACP, completaría la faena inconclusa de propinarle el primer pinchazo a la burbuja neocolonial bajo la cual, todavía veinte años después de la reversión, sigue operando el Canal: al margen de la nación, desacoplada de su economía y de su destino geopolítico.

Y pensé que era un acontecimiento escucharle finalmente reconocer que la panameña es una 'economía de agua', un concepto revolucionario que hace justicia al hecho de que la genuina ventaja competitiva de Panamá no reside exclusivamente en la estrechez del istmo en que está asentada, cuanto y sobre todo se completa con los recursos hídricos crudos, dulces y salados, que la habilitan para interconectar el mundo.

Y recordando aquel almuerzo con ese joven recién graduado con altos honores, al saber de su nombramiento pensé que a la ACP había llegado finalmente un patriota dispuesto a romper esa burbuja, proponiendo, para bien de toda la nación, un régimen especial del agua cruda que garantice su disponibilidad, uso responsable, calidad y volumen suficiente y oportuno para satisfacer de manera sostenible tanto el consumo humano como aquellas actividades productivas –la interoceánica en primer lugar– escénicas y lúdicas que redundan en el bienestar, la felicidad, la alimentación y la reproducción de todas las especies y formas de vida que habitan nuestro istmo.

Pensé que, en desarrollo de su tesis de la 'economía de agua', con ese régimen especial propondría regular la recolección, siembra, cosecha, distribución, almacenamiento, recuperación, reciclamiento, industrialización y comercialización del agua cruda, que tuviera como objeto una mayor y más eficiente descentralización política, económica y financiera de la administración pública del agua cruda mediante la creación de empresas mixtas y de mancomunidades intermunicipales de recursos hídricos, es decir, del conjunto de municipios con jurisdicción sobre cada una de las 52 cuencas hidrográficas del país para que, recibiendo ingresos de su participación en las empresas mixtas del agua cruda, desarrollen y ejecuten proyectos sociales, programas científico-técnicos e iniciativas ambientales que procuren el mayor bienestar social posible y, colocando en el centro de la economía al ser humano, preserven la independencia nacional y la sostenibilidad duradera y sistémica de todas las especies y formas de vida que hacen posible la nuestra.

Anímese. Ponga su talentosa gente a formular un borrador de este régimen especial del agua cruda, esta vez subsanando lo que no hicieron hace años: incorpore a su discusión y aprobación a los ciudadanos y ciudadanas, propietarios del recurso.

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