Las amenazas a la democracia

PANAMÁ. Los Gobiernos de Panamá y Nicaragua comparten un estilo de dirigir las riendas del país: la concentración de poder desde el Ejecutivo hacia otros órganos del Estado como la Corte Suprema de Justicia.

Esta particularidad del gobierno panameño, encabezado por Ricardo Martinelli; y del nicaragüense de Daniel Ortega, forman parte del cuarto Informe del Estado de la Región, presentado el pasado jueves en Panamá.

Se trata de un estudio realizado por investigadores de las distintas naciones centroamericanas.

Adicional a la concentración de poder en Panamá y Nicaragua, el informe señala otra serie de acontecimientos de la región —como la alta penetración del crimen organizado en el Estado guatemalteco y las irregularidades en las elecciones municipales en Nicaragua— advierten de la vulnerabilidad de las naciones frente a la presión de fuerzas externas.

‘Estos acontecimientos no se preveían a comienzos de la década anterior’, señala el informe.

Lo que es peor, vienen, en grado mayor, a complicar el proceso de democratización de las sociedades centroamericanas, sobre todo en los países donde se ha instrumentalizado el ejercicio de poder.

Durante el trienio 2008 - 2010 se produjeron retrocesos en diferentes aspectos de la realidad centroamericana que afectaron mayormente a los países con menor desarrollo humano. El régimen político ha sido el flanco más afectado, señala el documento. Una realidad que pone en ‘entredicho’ el optimismo que se tenía hace unos años sobre que la democratización electoral llevaría a la democratización del Estado.

La mayoría de los Estados tiene un bajo poder infraestructural; es decir, pocas capacidades para tutelar eficazmente los derechos ciudadanos. Incluso en años recientes varios de ellos se han vuelto contra la democracia, procurando distorsionar o recortar los ámbitos de aplicación del orden constitucional, señala el informe.

Para Alberto Mora Román, coordinador de investigación del Informe de Estado de la Región, se trata de un ‘retroceso en la institucionalidad y en la política’.

Hay un tipo de Estado, presente en varios países de la región, que es particularmente hostil a la democracia, señala el documento.

Adicional, son países con aparatos institucionales pequeños y precarios en ámbitos clave de su quehacer. A esto, se suma que el Ejecutivo es un actor dominante que controla en forma directa el presupuesto y la dirección de la mayoría de las entidades públicas.

En los siete países centroamericanos existen 969 instituciones estatales.

De acuerdo con el documento, esta fragilidad institucional ha sido penetrada en la toma de decisiones por redes corporativistas, aprobadas por ley, que en el balance otorgan más poder a los sectores empresariales.

‘Existe un bloqueo político en contra de los excluidos’, considera Álvaro Cálix, investigador del Informe.