Arimae sitiado y Bocas cerrado; Gobierno denuncia ‘desinformación’ con la ley

Este lunes 2 de junio arrancó una nueva semana de protestas alrededor del país contra las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), la reapertura del proyecto minero y los acuerdos con Estados Unidos.

El corregimiento de Arimae, provincia de Darién, amaneció con cientos de policías armados hasta los dientes en sus calles. El fin de semana pasado, un comunicado del Congreso General Guna responsabilizó a las unidades antimotines y al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) por el fallecimiento de un menor de edad a causa del impacto de perdigones. Sin embargo, el hecho fue desmentido por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad e incluso por autoridades locales y el representante legal de la cacica local Lucrecia Caisamo.

Lo que no son mentiras son las imágenes de personas, mayormente de pueblos originarios, heridas por golpes de perdigones durante enfrentamientos con la Policía Nacional y las detenciones de manifestantes.

La Defensoría del Pueblo informó a La Estrella de Panamá que mantiene una oficina regional en Metetí y este lunes envió un nuevo grupo de inspectores a Chepo para verificar el estado de comunidades como Piriatí, Ipetí y el mismo Arimae. La defensora adjunta, Clarissa Martínez, manifestó que no llevan un registro de personas heridas y lesionadas, aunque adelanta que se está trabajando en un informe con el balance de las protestas.

El Ministerio de Seguridad no ha compartido aún cifras actualizadas con el número de detenidos. La última información provino de un video con declaraciones del director del Senafront, Larry Solís, compartiendo que se detuvo a un ciudadano cortando un árbol barrigón para obstaculizar la vía. Estos enormes árboles son usados para bloquear el paso en la carretera Panamericana. “Adicional, informamos a la comunidad que en la tarde de ayer (domingo), producto de la apertura de la vía Panamericana, se reabasteció la empresa que hace la distribución de electricidad a las diferentes comunidades, y en las comunidades donde no ha llegado el fluido eléctrico ha sido producto de estos ciudadanos que cortan estos árboles para obstaculizar la vía, dañar las comunicaciones y de igual manera dañar los tendidos eléctricos y hacer afectaciones para crear un ambiente tenso dentro de la provincia”, añadió.

Mientras tanto, a Bocas del Toro llegó una comisión de alto nivel del Gobierno para conversar con empresarios y productores de la provincia sobre las medidas para mitigar el impacto económico por los cierres de vías y las manifestaciones.

José De La Lastra, gerente de la empresa exportadora de banano Coobana, indicó que las pérdidas de esta cooperativa ya exceden los 1.2 millones de balboas, y se han dejado de exportar 45.000 cajas de banano por cada semana de huelga. “Ya los transportistas no quieren entrar a la provincia; los clientes nos han cancelado pedidos, dos transnacionales que nos compran nos dicen que hasta cuándo van a tener que esperar. No es fácil decirles a todos estos trabajadores la peor noticia del cierre de la cooperativa”, manifestó.

Los productores de plátano también reportaron pérdidas por 50.000 dólares cada semana y alertaron que no están pudiendo cumplir con los pedidos de las cadenas de supermercados en Panamá. “En Bocas del Toro no todo es Chiquita. Nosotros generamos más impuestos que Chiquita. En la provincia hay 160.000 habitantes y Chiquita solo tiene 5.000 trabajadores”, alegó Adonay Quezada, de la cooperativa Cooproboc.

Entrada la noche, el gobierno rechazó la postura de algunos dirigentes en Bocas del Toro y presentó un video en el que un miembro del Sindicato Único de Trabajadores la Construcción (Suntracs) manifestó que “tomarían” las instituciones públicas de la provincia.

Además, denunciaron que habría una supuesta “desinformación” con la Ley 462 de la CSS impulsada por algunos sectores en Bocas.

“Hay un total desconocimiento de lo que plantea la Ley 462. Sentimos que han sido engañados y utilizados con fines que no corresponden”, dijo el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. El Gobierno pidió a los protestantes abrir las calles.

Docentes y universitarios

Los gremios docentes mantienen el paro a nivel nacional y denuncian represión por parte de las autoridades. La situación en las escuelas varía dependiendo del plantel. Hay muchos maestros que están yendo a dar clases, pero la educación, principalmente en muchas escuelas secundarias, sigue interrumpida para miles de estudiantes.

En la Universidad de Panamá continúan los choques con la Policía Nacional, gases lacrimógenos, piedras y basura en la calle son una vista cotidiana para cualquiera que transite por la vía Transístmica frente a esa casa de estudios superiores.

El abogado Arturo Trelles representa a 17 estudiantes que han sido imputados con cargos y mantienen medidas cautelares de reporte periódico. “Son dos casos distintos”, explicó Trelles. “El 31 de enero, cuando se dio un hecho con un subcomisionado apellido Martínez, a quien imputaron por el [artículo] 140, quien cause una lesión a un servidor de la Fuerza Pública. Ese es uno. Y el del 29 de abril, que fue el caso del domo, imputaron delitos contra los servidores públicos, quien con violencia, intimidación o engaño impida, obstaculice o imponga a un servidor público o a la persona que le presta asistencia a la ejecución u omisión de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de dos a cinco años”, detalló.

Ambos casos se encuentran en fase de investigación. En el caso del 31, cuenta que el oficial de la Policía agredió a una estudiante con gas pimienta y que eso causó que los otros estudiantes fueran a defenderla y agredieran al policía.

En el caso del Domo universitario, afirma que no se verificó de forma adecuada la identidad de los estudiantes antes de detenerlos. “En los dos casos hubo abuso policial. Lo hemos denunciado. Lesiones, golpes en la espalda, golpes en el cuello, golpes en los brazos”, detalló.