ATTT deberá explicar aumento

PANAMÁ. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda en contra del aumento del pasaje que autorizó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en marzo del 2011.

En aquella fecha, la ATTT autorizó temporalmente, mediante la Resolución Al 235, un aumento de hasta 21% del pasaje del transporte selectivo y colectivo en toda las rutas a nivel nacional, excepto el transporte colectivo de los distritos de Panamá y San Miguelito.

El alza en el pasaje fue demandada por el abogado Víctor Martínez, a título personal, en mayo de 2011, y no fue hasta el pasado 30 de noviembre que la Corte admitió el proceso y ordenó hacer las diligencias judiciales.

Mediante el edicto número 1628, la Sala Tercera de la Corte abrió el periodo de práctica de pruebas, que incluye los testimonios del exdirector de ATTT, Jorge Ricardo Fábrega, ahora ministro de Gobierno.

Además, Nicolás Brea y Edwin Juarez, secretario general y director de Planificador de la ATTT, respectivamente, así como el exsecretario general de la entidad, Jorge Morales.

La Sala Tercera fijó entre el pasado 11 de diciembre y el 14 de enero próximo el periodo para realizar las diligencias con los funcionarios.

La ATTT, en ese entonces dirigida por Fábrega, autorizó el incremento fundamentada, entre otras cosas, en el aumento del combustible.

Además de que las tarifa del transporte deben ser revisadas cada cinco y, de acuerdo a la resolución de la ATTT, ese periodo había vencido en diciembre de 2010.

Sin embargo, el abogado Martínez consideró que la ATTT no cumplió con los requisitos que exige la Ley 6 del 22 de enero de 2002, mejor conocida como ‘ley de transparencia’, para fijar el incremento, específicamente, el artículo 24, que establece la participación ciudadana en los actos administrativos públicos que pueden afectar los intereses y derechos de los ciudadanos.

El ajuste a las tarifas, de acuerdo a la demanda, tampoco fue sometido a consideración de la junta directiva de la ATTT.

Fábrega dijo ayer que aún no ha sido citado por la Corte para testimoniar en el proceso. El ministro argumentó que la resolución era general y posteriormente se tenía que emitir las resoluciones por cada provincia que debían cumplir con las normas. Dijo, además, no recordar a qué provincia se le haya otorgado el incremento.