Aumentan los casos de incumplimiento de medidas cautelares

Las verificaciones domiciliarias realizadas a personas procesadas que cumplen medidas cautelares distintas a la detención preventiva revelan nuevos casos en los que las autoridades no logran ubicarlas en las residencias registradas. Entre mayo y agosto se realizaron 255 visitas en distintas provincias del país y 48 personas no fueron encontradas en sus domicilios.

Las verificaciones se desarrollaron en tres fases, según conoció La Estrella de Panamá de mano de fuentes policiales. En la primera, realizada los días 10, 30 y 31 de mayo, las autoridades visitaron a 49 personas y no ubicaron a 11. En la segunda, los días 20 y 21 de junio, realizaron 99 verificaciones y solo dos personas no fueron encontradas. La tercera fase, efectuada los días 19, 20 y 21 de agosto, concentró el mayor número de casos: de 107 verificaciones, 35 personas no estaban en sus residencias.

En total, de las 255 personas verificadas, 207 fueron localizadas en sus domicilios y 48 no fueron ubicadas. Sin embargo, los registros muestran que no todos esos casos corresponden necesariamente a incumplimientos de la medida cautelar.

De las 48 personas no ubicadas, 13 continúan bajo verificación. Otras 13 se encuentran hospitalizadas, 10 están recluidas en centros penitenciarios, cinco fueron absueltas, cuatro tienen extinción de pena y tres presentan cambio de medida.

Además, a cuatro ciudadanos se les revocó la medida cautelar. Las autoridades mantienen coordinación con los juzgados para determinar la situación de otros nueve casos, entre ellos posibles cambios de domicilio o la existencia de otras medidas judiciales vigentes.

El mayor número de verificaciones se concentró en la provincia de Panamá, con 109 visitas, seguida de Panamá Oeste, con 50, y Colón, con 33. En conjunto, estas tres provincias concentran 192 de las 255 verificaciones realizadas.

Los resultados adquieren relevancia frente a las preocupaciones expresadas anteriormente por fuentes de seguridad sobre el seguimiento de las medidas cautelares que no implican detención preventiva. En una inspección previa a 30 personas procesadas por homicidio, blanqueo de capitales, pandillerismo y narcotráfico, las autoridades detectaron siete procesados que no fueron ubicados en sus residencias.

De esos siete casos, cuatro correspondían a personas procesadas por pandillerismo y tres por homicidio. En esa inspección también se detectó que otros cinco procesados, aunque sí estaban en sus residencias, tenían armas con permisos legales a nombre de familiares.

La nueva serie de verificaciones permite dimensionar con mayor amplitud el seguimiento de estas medidas cautelares. El principal punto pendiente es determinar qué ocurrió con las 13 personas que aún no fueron ubicadas y cuántas de ellas incurrieron realmente en un incumplimiento de la orden judicial.

El seguimiento también plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para controlar a las personas sometidas a medidas cautelares no privativas de libertad y sobre el uso de mecanismos de vigilancia electrónica en estos procesos.