Diputados buscan volver a penalizar la calumnia e injuria en caso de funcionarios

Este miércoles 26 de agosto la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales prohijó dos anteproyectos de ley con un objetivo aparentemente noble, pero que podrían abrir la puerta a causas penales contra quien “difame” a un funcionario, y a que se borren los registros policivos de personas condenadas por delitos contra la administración pública.

El primero de estos anteproyectos fue presentado por la diputada Dana Castañeda y busca sancionar con penas de entre 5 a 7 años de prisión a quiénes utilicen inteligencia artificial para generar contenido falso y difamar a personas en redes sociales y otras plataformas tecnológicas.

“Los funcionarios públicos estamos sujetos a la crítica y expuestos al debate público, sin embargo, no debe esto prostituirse como se ha hecho actualmente, afectando inclusive a menores de edad, afectando a personas con discapacidad, adultos mayores, personas cercanas a nosotros que nada tienen que ver y que son los afectados por el abuso de la inteligencia artificial”, declaró la diputada.

“Nosotros tenemos que aguantar caricatura, eso no tiene nada malo, eso es parte del debate político y eso no es lo que nosotros estamos tratando de legislar. Lo que estamos tratando de sancionar con pena de prisión es cuando el contenido se ha difundido mediante redes sociales, plataformas digitales, sistemas de mensajería masivo o cualquier medio que permitan su programación pública”, detalló.

Pero el anteproyecto también hace una modificación clave al Código Penal. Actualmente, no se aplican sanciones penales por casos de delitos contra el honor que involucre a servidores públicos. El anteproyecto elimina esa exención.

“Esta exención no será aplicable cuando el autor atribuya al servidor público un hecho falso, a sabiendas de su falsedad, con el propósito de dañar su honra, y lo difunda públicamente a través de redes sociales o plataformas digitales”, señala la propuesta presentada por la diputada Castañeda..

Para el diputado y miembro de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, es precisamente una oportunidad para que los diputados puedan presentar una denuncia penal contra quiénes consideran los están difamando.

“Yo voy a aprovechar su proyecto para tumbar esa prohibición legal que nos impide a los servidores públicos, a tener derecho a defender nuestra honra en el rango penal”, declaró Camacho.

El otro anteproyecto de ley prohijado fue presentada por el diputado Isaac Mosquera. La iniciativa habla del “derecho al olvido” y permitiría borrar los registros policivas de personas condenadas por “delitos de baja lesividad”, incluyendo el blanqueo de capitales.

El objetivo, de acuerdo al diputado proponente, es facilitar la reinserción social.

“No se borra el daño ni se altera sentencia. La víctima conserva todos sus derechos”, aseguró Mosquera durante su presentación a la comisión. “El país gana productividad, menos reincidencia y más contribuyentes, no personas excluidas. La seguridad ciudadana no se pone en riesgo, se refuerza favoreciendo la reinserción.”

El anteproyecto de ley no aplica para los delitos de homicidio, feminicidio, delitos sexuales, violencia doméstica, trata de personas, delincuencia organizada, terrorismo, ni delitos contra niños, niñas y adolescentes.

Sí incluye a las personas condenadas por blanqueo de capitales, siempre y cuando la cuantía del delito no exceda los 100 mil dólares, no exista relación con terrorismo, narcotráfico o delincuencia organizada, y la pena haya sido cumplida en su totalidad.

Mosquera, enfrentó un proceso por los presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en 2012. En 2023 fue absuelto, aunque el caso fue luego elevado a la Corte Suprema de Justicia en 2024 dónde permanece a la espera de revisión por parte del pleno.

“Yo soy producto de esa reinserción social. Yo sé, y todo el que está allá tiene muchas razones de estar y a veces la sociedad estigmatiza porque estás allá y de verdad que creo que nosotros lo que tenemos que es apelar a que se robustezca la reinserción social, donde el Ministerio Gobierno y Justicia, porque no tiene mecanismo para eso. En Panamá no se da resocialización efectiva, eso es falso, pero sí se puede hacer”, declaró Mosquera luego de prohijado el anteproyecto.