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- 28/04/2026 15:04
Panamá pasó de imponer el bioetanol por ley, a volverlo opcional y luego reactivarlo como obligación en medio de nuevas tensiones políticas y legales
La historia de los biocombustibles en Panamá avanzó durante más de una década entre leyes, reformas y disputas políticas alrededor de un concepto que todavía genera divisiones: la obligatoriedad del bioetanol en las gasolinas.
Lo que comenzó en 2011 como una política estatal para reducir la dependencia petrolera y desarrollar una nueva industria agroenergética terminó convirtiéndose en uno de los debates energéticos y regulatorios más complejos del país. Panamá pasó de imponer por ley el uso obligatorio de bioetanol, a eliminar esa exigencia en 2015 y regresar nuevamente a un esquema mandatorio en 2023.
Ahora, en 2026, la discusión volvió al centro de la agenda política tras la suspensión del debate legislativo relacionado con el bioetanol y las advertencias de diputados que sostienen que la Ley 355 de 2023 todavía mantiene vigente la obligatoriedad de la mezcla.
El inicio: la apuesta estatal por los biocombustibles
La primera gran transformación ocurrió con la aprobación de la Ley 42 de 20 de abril de 2011, que estableció los lineamientos de la política nacional sobre biocombustibles y generación eléctrica a partir de biomasa.
La legislación apareció en medio de un contexto internacional marcado por el aumento de los precios del petróleo y las discusiones sobre energías alternativas. Países como Brasil y Colombia ya impulsaban programas de mezcla obligatoria de etanol con gasolina, mientras organismos internacionales promovían políticas orientadas a reducir emisiones contaminantes y diversificar las fuentes energéticas.
Panamá decidió incorporarse a esa tendencia regional.
La ley declaró de interés nacional el desarrollo de biocombustibles como el bioetanol y el biodiésel, y asignó a la Secretaría Nacional de Energía la responsabilidad de coordinar la política pública.
Pero el aspecto más importante de la norma estaba en el artículo 14: el uso y mezcla de bioetanol anhidro con gasolina sería obligatorio en todo el territorio nacional.
La implementación sería gradual: 2% de mezcla en 2013, incrementos progresivos cada año, hasta alcanzar 10% en 2016.
El Gobierno defendía el modelo como una herramienta para garantizar mercado a una futura industria nacional de bioetanol.
La lógica era simple: sin una demanda asegurada, ningún inversionista asumiría los costos de instalar plantas productoras, adaptar infraestructura o desarrollar cadenas de suministro vinculadas a la caña de azúcar y otros cultivos.
Además del componente energético, la ley buscaba estimular la economía rural y generar nuevas oportunidades para el sector agroindustrial.
El discurso oficial hablaba de: reducción de dependencia petrolera, fortalecimiento de la seguridad energética, generación de empleos, desarrollo agrícola, y disminución de emisiones contaminantes.
La legislación también incluyó sanciones económicas para quienes incumplieran las disposiciones relacionadas con la mezcla obligatoria.
El debate constitucional
La obligatoriedad provocó cuestionamientos casi inmediatamente.
Uno de los principales desafíos llegó mediante una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 14 de la Ley 42. La demanda la presentó Roberto Ruiz Díaz.
L a demanda sostenían que imponer la mezcla obligatoria podía vulnerar principios constitucionales relacionados con la libre competencia y la libertad económica.
Al fina la Corte decidió sustracción de materia, porque la Asamblea Nacional modificó la Ley 42 de abril de 2011.
La expectativa agroindustrial
Durante esos primeros años, el proyecto despertó expectativas dentro del sector azucarero y agroindustrial.
Empresas vinculadas a la producción de caña observaron oportunidades para desarrollar una industria nacional de etanol capaz de abastecer el mercado panameño.
Regiones como Herrera y particularmente el distrito de Pesé comenzaron a aparecer dentro de las conversaciones sobre el potencial productivo del país.
Los impulsores de la política sostenían que Panamá podía aprovechar experiencia agrícola existente para construir una nueva cadena energética basada en biomasa.
Pero paralelamente surgían dudas importantes: ¿existía suficiente capacidad de producción?, ¿el mercado estaba preparado?, ¿las distribuidoras podían adaptar su infraestructura?, ¿el costo terminaría impactando al consumidor?, ¿la producción nacional sería suficiente para sostener la mezcla obligatoria?
Mientras el Gobierno defendía el proyecto, algunos sectores empresariales advertían sobre riesgos logísticos y financieros.
2015: el giro hacia la opcionalidad
El escenario cambió radicalmente cuatro años después.
La Ley 47 de 24 de junio de 2015 modificó la política original y eliminó el carácter obligatorio de la mezcla de bioetanol.
A partir de entonces, el uso de bioetanol pasó a ser opcional.
Las empresas distribuidoras quedaron facultadas para comercializar gasolina convencional sin necesidad de incorporar etanol.
La flexibilización también alcanzó al biodiésel y al biogás.
El cambio representó un giro importante dentro de la estrategia energética del país.
El Estado dejó de imponer el modelo y trasladó al mercado la decisión sobre la utilización de biocombustibles.
Diversos sectores argumentaban que Panamá todavía no contaba con las condiciones necesarias para implementar exitosamente el esquema obligatorio.
También existían preocupaciones relacionadas con: costos operativos, capacidad de producción, estabilidad de suministro, y viabilidad económica.
La reforma tuvo consecuencias inmediatas sobre la industria emergente.
Según exposiciones de motivos presentadas posteriormente en la Asamblea Nacional, la eliminación de la obligatoriedad y de algunos incentivos fiscales provocó el cierre de empresas que habían invertido en el sector.
El país pasó entonces de un modelo de fuerte intervención estatal a uno donde la viabilidad comercial dependía principalmente de las condiciones del mercado.
El regreso del debate energético
Durante varios años, el tema perdió fuerza dentro de la agenda pública.
Panamá continuó dependiendo principalmente de combustibles fósiles importados mientras la industria nacional de bioetanol permanecía estancada.
Sin embargo, el contexto internacional volvió a modificar el panorama.
El aumento de los precios internacionales del petróleo, las discusiones sobre transición energética y los compromisos ambientales reactivaron el interés por los combustibles alternativos.
La pandemia y posteriormente las tensiones geopolíticas internacionales incrementaron además las preocupaciones sobre seguridad energética y dependencia externa.
En ese escenario, sectores políticos y empresariales comenzaron a impulsar nuevamente reformas para devolverle carácter obligatorio al bioetanol.
2023: el retorno de la obligatoriedad
La discusión reapareció con fuerza mediante el Proyecto de Ley 647, que posteriormente dio paso a la Ley 355 de 2023.
La nueva legislación buscó rescatar la industria de biocombustibles y devolver estabilidad a un sector que nunca logró consolidarse tras la reforma de 2015.
Los impulsores sostenían que Panamá necesitaba reactivar la producción nacional de bioetanol para: reducir dependencia energética, dinamizar el agro, atraer inversiones, y disminuir emisiones contaminantes.
La normativa restableció el carácter obligatorio de la mezcla de bioetanol.
La ley fijó: inicio gradual desde abril de 2024, implementación inicial en áreas específicas de Panamá y Panamá Oeste, y posibilidad de expansión progresiva.
Además, la legislación devolvió incentivos fiscales para empresas productoras de bioetanol, biodiésel y biogás elaborados con materia prima nacional.
Las compañías recibirían: exenciones fiscales, beneficios sobre importaciones, ventajas relacionadas con renta e ITBMS, y créditos fiscales equivalentes al 20% del valor de la materia prima adquirida localmente.
El objetivo era reactivar la inversión agrícola y energética, especialmente en regiones vinculadas históricamente a la producción de caña de azúcar.
La suspensión de 2026
El debate volvió a intensificarse en abril de 2026 tras la suspensión del proyecto legislativo relacionado con bioetanol.
Durante una cuestión de orden en el pleno de la Asamblea Nacional, la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, cuestionó la suspensión del debate y advirtió que la Ley 355 de 2023 todavía continúa vigente.
Prado recordó que la resolución emitida el 25 de marzo de 2026 suspendió temporalmente la aplicación de la mezcla obligatoria porque “no se contaba con las condiciones técnicas, regulatorias y de mercado”.
Sin embargo, alertó sobre la posibilidad de que el Ejecutivo reactive la obligatoriedad mediante nuevas resoluciones administrativas.
“La ley 355 en su artículo número dos, que regula el artículo número 14, señala que la mezcla y su uso serán obligatorios”, expresó durante su intervención.
La diputada también recordó que el 1 de abril de 2026 debía entrar en vigencia el uso obligatorio de una mezcla de 10%.
“No se dio porque no había las condiciones, pero al darse esta suspensión de este proyecto sí nos pueden sorprender con una nueva resolución, una nueva reglamentación que automáticamente haga de uso obligatorio el bioetanol”, afirmó.
Las declaraciones reflejan las preocupaciones de sectores políticos que consideran que el Gobierno todavía mantiene herramientas legales para imponer la mezcla obligatoria incluso sin nuevas reformas legislativas.
La diputada Alexandra Brenes también reaccionó tras la suspensión del debate.
A través de redes sociales, sostuvo que el proyecto fue suspendido porque existe un “plan B” sustentado en la vigencia de la Ley 355.
“Suspendieron el debate del proyecto de ley de Bioetanol porque tienen su plan B: la Ley 355 de 2023, que también lo hace de uso obligatorio, está vigente”, aseguró la diputada.
Brenes anunció además que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de la ley. “No a la imposición, sí al derecho a elegir”, manifestó.
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